Por qué no hay recetas mágicas para abaratar la factura fiscal
Ninguna medida tributaria debe adoptarse de forma individualizada, sino que tiene que integrarse en una estrategia
El preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para la formación de un Gobierno en España, independientemente del desenlace y aún lejos de materializarse, ha hecho saltar las alarmas en buena parte de la clase empresarial. Hasta el punto de que incluso la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha aprobado un inusual comunicado para reclamar opciones de pacto moderadas. Sobre todo, para ahuyentar algunas de las medidas que más preocupan a los empresarios, como las referidas a la posible futura subida de la presión fiscal.
Y es que si los partidos capitaneados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias finalmente superan la tan debatida sesión de investidura probablemente retomen la reforma fiscal que acordaron en el plan presupuestario de 2019, donde se incidía especialmente en el gravamen a las empresas.
Establecer el tipo mínimo efectivo del impuesto de Sociedades en el 15%, reducir al 95% la exención sobre el reparto de dividendos de filiales en el extranjero, incrementar del 23% al 27% el tipo máximo que opera sobre las ganancias del ahorro de más de 50.000 euros en aquellas bases imponibles superiores a 140.000 euros –esta última en el IRPF–, son medidas de calado que, ante la posibilidad de que vean la luz verde en los primeros compases de la próxima legislatura, están haciendo mover fichas, por no hablar de las que se están moviendo ante la posible homogeneización de la fiscalidad autonómica –que afectará a su vez al Impuesto de Patrimonio, al de Sucesiones y Donaciones y al de Transmisiones Patrimoniales–, al ser previsible una subida impositiva en todos ellos.
En concreto, se augura un adelanto del reparto de dividendos que permita eludir un incremento del gravamen. De hecho, la Agencia Tributaria detectó un adelanto del reparto de beneficios de muchas compañías a los meses finales de 2018 en aras de esquivar las modificaciones tributarias que se preveían que el Gobierno de Sánchez pusiera en marcha durante 2019.
Porque si bien es cierto que más vale prevenir que curar, todo plan de prevención debe tomarse con la suficiente antelación para sortear de forma efectiva la entrada en vigor de la medida en cuestión, huyendo de la común práctica de hacer lo que hacen los demás, sin someterse al mínimo análisis.
Las empresas que sean grupos consolidados, las que tengan bases negativas, las que registren beneficios en sociedades-filiales… tienen que analizar su situación para decidir si adelantan o no dividendos y, sobre todo, diseñar la estrategia con las medidas que complementarían tal decisión.
Por ello, hay que poner freno al ímpetu latino que nos caracteriza, y hay que evitar lanzarse a tomar decisiones sin medir los efectos colaterales. La fiscalidad es un puzle en el que todas las piezas deben encajar a la perfección. De ahí que el pago de dividendos, aunque permita mitigar los efectos de una subida fiscal, es una medida que por sí misma puede no ser suficiente para aligerar la carga fiscal.
En este sentido, al igual que un médico no puede diagnosticar y recetar con una simple llamada telefónica –porque cada paciente es un mundo y requiere un tratamiento distinto–, los asesores fiscales analizamos las empresas en su conjunto.
Ninguna medida fiscal debe tomarse de forma individualizada, sino que tiene que formar parte de una estrategia clara y definida, trazada en base a la información de todas las circunstancias que pudieran afectar a la fiscalidad global.
Pero teniendo en cuenta que la presión fiscal española se sitúa por debajo de la media europea y que el Impuesto de Sociedades es el único impuesto cuya recaudación aún no ha recuperado los niveles previos al estallido de la pasada crisis económica, todo parece indicar que será uno de los campos de batalla para que el próximo Gobierno, sea cual sea su color, ponga su foco para cuadrar las cuentas.
Y es que la ralentización económica ya está dejando huella, sobre todo en cuanto al crecimiento de los ingresos se refiere, como se desprende de los datos de recaudación que reflejan que el acumulado de Sociedades hasta octubre marcó un desplome del 11,6% respecto a 2018; mientras que la previsión recaudatoria gubernamental –sin medidas adicionales– superaba los 26.000 millones de euros.
De ahí que pueda deducirse que, digan lo que digan, las compañías no han sido inmunes al frenazo económico, pese a aparecer en todas las quinielas como las principales potenciales víctimas de la futura política fiscal, que seguramente intente contrarrestar noticias como la que publicaba recientemente, y por primera vez, la Agencia Tributaria sobre el impuesto de Sociedades de las multinacionales españolas a nivel mundial. Ya que, según Hacienda, estas empresas pagan en los distintos países en los que operan un 12,6% de sus beneficios; cuando el tipo general de sociedades en España está situado en el 25%, llegando para la banca y las empresas de hidrocarburos al 30%. Unos porcentajes para cuyo cálculo, sin lugar a dudas, habría que analizar exhaustivamente la letra pequeña.
En este panorama, ¿interesa adelantar el pago de dividendos? ¿Hay rentas a tener en cuenta? ¿Conviene generar beneficios para aprovechar las bases negativas? ¿Existen deducciones por inversión en Investigación y Desarrollo? ¿Alguna donación a parientes cercanos? Estas en el ámbito personal.
Si las preguntas son múltiples, las respuestas resultan innumerables. Porque no hay soluciones mágicas para abaratar la factura fiscal de las empresas, sobre todo si hacemos lo que haga el vecino.
Abel García es Socio de Life Abogados