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Trabajo niega que el alza del salario mínimo haya destruido empleo: hay 87.250 perceptores más

Admite, sin embargo, que miles de puestos de empleadas del hogar están ahora en la economía sumergida y también reconocen un impacto negativo en el sector agrario

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social junto a Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social junto a Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.EFE
Raquel Pascual Cortés

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de un 22% en 2019, ha sido "una operación de economía política que será estudiada en los próximos años porque resultado muy positiva". Con esta rotundidad ha defendido hoy el secretario de Estado, Octavio Granado, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de elevar a 900 euros en 14 pagas el salario mínimo desde enero pasado.

Granado ha facilitado hoy los datos de una primera evaluación que ha realizado el Gobierno sobre el impacto de este incremento del salario mínimo, que le fue demandada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).Según estas cifras, lejos de destruirse empleo, en la actualidad existen 1.693.889 trabajadores "con sueldos en la órbita del salario mínimo", lo que supone unos 87.250 más que hace un año.

Por ello, el responsable de la Seguridad Social ha asegurado que, a falta de una evaluación más exhaustiva que se hará el próximo año: "No parece que exista un gran impacto por el número de personas afectadas por la subida. Es un impacto similar al que hubiera tenido una subida menor. No somos capaces de dectectar que la subida se haya traducido en una destrucción de empleo".

Al contrario, además de haber más perceptores del salario mínimo, su base media de cotización es mayor, pasando de los 728,9 euros al mes del pasado, a 834,9 euros mensuales de media en la actualidad, lo que supone una mejora de 106 euros en sus aportaciones a la Seguridad Social, lo que redundará en mejoras de prestaciones, ha explicado Granado.

A continuación, defendió la veracidad de estos datos, al asegurar que si hubieran sido negativos y hubieran reflejado destrucción de empleo fruto de esta subida salarial, "hubiéramos presentado este informe igual con otras cifras diferentes, porque no jugamos al ratón y al gato con los datos; y la verdad es que la economía española ha absorbido muy bien esta subida".

Si bien, este estudio no hace referencia al coste de oportunidad de esta decisión del Gobierno, esto es los empleos que se habrían creado si no se hubiera producido este incremento del 22% del SMI.

Dicho esto, el número dos del Ministerio de Trabajo, sí admitió algunos impactos negativos o irregularidades en la aplicación de este aumento. En primer lugar, Granado consideró que "hay problemas con las empleadas de hogar". Concretamente, ha reconocido que la disminución de casi 14.000 de estas trabajadoras en el último año en el registro de la Seguridad Social está en parte relacionada con el aumento del salario mínimo. Aunque ha precisado que no han desparecido del mercado de trabajo sino que han pasado a desempeñar mejores empleos y ellas han sido "sustituido por personas en situación irregular, eso lo sabe todo el mundo", ha dicho. 

A esto ha añadió: " No podemos controlar eso", pero tampoco quiere decir que haya que regularizarlas. "En estos momentos los problemas de la economía española no apuntan a que se necesite una nueva regularización de inmigrantes, hay que convivir con esa nueva realidad", ha añadido.

Junto a esto, Granado también reconoció otro impacto negativo: la disminución en el número de horas declaradas por las empresas del sector agrario. De hecho, ha admitido que en muchas de estas empresas "ha habido cierta tentanción de enmascarar el impacto del salario mínimo, delarando menos horas de los trabajadores". Con ello, ha dicho que la mejora salarial de los trabajadores afectados por esta maniobra fraudulenta se habría recortado al "12%, 13% o 14%". Por ello, hasegurado que desde la Seguridad Social han reclamado a la Dirección de la Tesorería General que desde su observatorio contra el fraude pongan en la diana a las empresas agrarias para atajar esta práctica.

Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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