El juez del ‘caso Popular’ pide a Linde, Guindos y Albella que testifiquen

José Luis Calama quiere conocer la actuación del que exministro de Economía, el supervisor financiero y el de los mercados en la quiebra del banco

caso popular
Sucursal de Banco Popular.

El juez del 'caso Popular', José Luis Calamaha decidido este jueves que el exministro de Economía, Luis de Guindos, el exgobernador del Banco de España, Luis Linde, y Sebastián Albella, que fue asesor de Banco Popular a través del despacho Linklater, testifiquen en la Audiencia Nacional, donde se está desarrollando el proceso judicial. El magistrado investiga las presuntas irregularidades que acabaron llevaron a la quiebra de la entidad y su posterior venta al Banco Santander por un euro. 

Según una providencia firmada este jueves por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, Elvira Rodríguez, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acudirá a declarar el 4 de marzo; el 11 de marzo será el turno de Linde y unos días después, el 18, lo hará Albella. El magistrado ha citado a De Guindos para el 2 de abril. El exministro de Economía tuvo que hacer frente a la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017, ejecutada a instancias de la Junta Única de Resolución europea (JUR). 

Dicha operación, que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada del banco, inició la batalla legal de los miles de accionistas de Popular, que actualmente pleitean tanto ante la justicia española como ante la comunitaria para ser resarcidos. 

Banco Popular llevó a cabo en junio de 2016 una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la futura obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo ese tiempo, su entonces presidente, Ángel Ron, defendió la situación "inmejorable" del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Los beneficios se convirtieron en más de pérdidas de casi 3.500 millones de euros en 2016, que pasaron a ser unos números rojos de 13.560 millones de euros en 2017, año en el que el banco fue resuelto por las autoridades europeas y vendido a Santander en la madrugada del 6 al 7 de junio de ese año, ante sus problemas de liquidez. De esta forma, los dividendos anunciados antes de la ampliación nunca llegaron. Y más de 300.000 accionistas perdieron todo el dinero invertido en esta entidad, que llegó a ser la más eficiente y rentable de Europa durante varias décadas.

Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las "irregularidades contables" de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital. La disolución de la entidad, ya con Ron fuera y con Emilio Saracho al frente (que solo estuvo como número uno de la entidad 108 días), se produjeron en 2018.

Desde la apertura de la causa, se han efectuado diligencias tales como recabar informes de situación tanto de la CNMV como del Banco de España tendentes a analizar si se falsearon las cuentas y se engañó a los inversores de cara a ese proyecto por el que Popular amplió su capital.

Tras esta primera fase de investigación, el juez inició este otoño la toma de declaraciones de los imputados. Ya han pasado por la Audiencia Nacional los expresidentes Ron y Saracho, el exvicepresidente Roberto Higuera, la que fuera responsable de la Comisión de Nombramientos Reyes Calderón, el inversor Antonio del Valle y los exconsejeros delegados
Ignacio Sánchez Asiaín-Sanz y Pedro Larena, además del que fuera vicepresidente y anteriormente presidente de Banco Pastor, José María Arias Mosquera.

Sánchez Asiaín conocía la situación financiera

El 'caso Popular' continúa avanzando con las declaraciones de los miembros del consejo. El miércoles declaró el exconsejero delegado del Banco Popular durante la presidencia de Emilio Saracho, Ignacio Sánchez Asiaín, quien admitió que era consciente de las filtraciones sobre el estado de la entidad poco antes de su resolución, aunque nunca llegó a conocer su procedencia.

En su declaración como investigado, Sánchez Asiaín recordó que su llegada se produjo apenas días después de que la entidad reexpresara las cuentas del ejercicio de 2016, que hizo ascender las pérdidas de ese año a 3.611 millones de euros, por lo que no pudo participar en su comunicación al mercado.

Lo más significativo son las contradicciones existentes entre la declaración de Ángel Ron y las de su sucesor desde febrero de 2017 hasta el 6 de junio de ese año, Emilio Saracho

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