La CNMV lanza una advertencia necesaria y oportuna

En transparencia y exigencia, las compañías han ido con frecuencia a remolque de los acontecimientos

El supervisor de los mercados de valores españoles puso ayer el dedo en la llaga con su advertencia sobre la cascada de irregularidades y casos de presunta corrupción que han golpeado en los últimos meses a las empresas cotizadas. Como acertadamente señala la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque los casos detectados afecten solo a algunas empresas y a un número reducido de personas, su proliferación es un riesgo para el mercado en su conjunto, pues puede comprometer su imagen y reputación, en perjuicio de emisores e inversores.

El comunicado difundido ayer ha sido una iniciativa personal del presidente de la CNMV, Sebastián Albella. El supervisor evita citar casos concretos, pero en la mente de todos está el caso Villarejo, probablemente el más contaminante de los que han estallado en los últimos años, y junto a él también presuntos casos de corrupción ligados al poder político (FCC, Indra, OHL...) e investigaciones penales por operaciones financieras (Bankia, Popular...) o por crisis empresariales (Abengoa, Pescanova, Dia...). Un panorama muy preocupante que dice mucho de las carencias en cuestiones de gobierno corporativo de muchas de las empresas españolas cotizadas, pese a los indudables avances en la materia de las últimas décadas.

Transparencia y exigencia de responsabilidades son las dos principales recetas que ofrece el supervisor. En ambas, las compañías han ido con frecuencia a remolque de los acontecimientos, arrastrando los pies y sin una estrategia clara que ayude a delimitar lo que son actuaciones personales concretas del daño al conjunto de la entidad. El papel de la comisión de auditoría y de los consejeros externos es clave en materia de prevención, detección y exigencia de responsabilidades, pero también en lo que se refiere al deber de información.

La propia CNMV señala que está analizando la posibilidad de reforzar las recomendaciones del Código de Buen Gobierno que tienen incidencia en este ámbito. Aunque por lo general no es bueno tomar decisiones al calor de acontecimientos muy concretos, la cascada de casos que han sacudido a las empresas cotizadas españolas hace necesario abrir ese debate.

De hecho, también es posible abrir una reflexión sobre si, además de ese endurecimiento de las recomendaciones de cumplimiento voluntario, es preciso también revisar la Ley de Sociedades de Capital para establecer obligaciones adicionales de carácter imperativo.