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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La prioridad de España debe seguir siendo la ortodoxia fiscal

Cualquier aumento de los ingresos públicos no debería destinarse en primera instancia a elevar el gasto, sino a reducir el déficit y la deuda

CINCO DÍAS

Pedro Sánchez envió ayer un mensaje tranquilizador a un tejido empresarial que no oculta su preocupación por la posibilidad de que el futuro Gobierno, especialmente tras el preacuerdo firmado entre el PSOE y Podemos, siga una política económica contraria a la ortodoxia presupuestaria, eleve el gasto público y agrave el proceso de desaceleración de la economía. En un discurso sobrio y económicamente moderado, Sánchez aseguró que la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal serán uno de los vectores que guiarán la agenda económica del nuevo Ejecutivo y citó expresamente como objetivos la protección de la seguridad jurídica, el allanamiento de los mercados exteriores y la adopción de planes estratégicos para los sectores con más potencial de futuro. Las palabras del presidente en funciones reafirman uno de los compromisos que se incluyen también en el acuerdo firmado con Podemos, donde se alude expresamente a que “la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero”. Ello no impidió, sin embargo, a Sánchez defender también la posibilidad de compaginar la contención fiscal con la elevación del gasto social “dentro de unos márgenes presupuestarios”.

La convicción del presidente en funciones de que la disciplina fiscal y el aumento del gasto público son dos objetivos compatibles tropieza con la realidad de los números y con los compromisos de España. La Comisión Europea lo advirtió ayer con claridad al alertar de que el plan presupuestario para 2020 remitido por el Gobierno conlleva “un riesgo significativo de desviación” de los objetivos de estabilidad presupuestaria y al recordar que reducir el endeudamiento debe seguir siendo la prioridad, a la que España se adhirió con la reforma, en 2011, del artículo 135 de la Constitución. Desde la CE se insta no solo a España, sino también a Bélgica, Francia e Italia, a aprovechar la política monetaria de bajos tipos de interés para reducir la deuda pública a los niveles comprometidos con Bruselas.

Sánchez fía sus planes de elevar el gasto social a una reforma fiscal centrada en las rentas más altas y en los beneficios empresariales y capaz de aumentar los ingresos del Estado. Más allá del debate sobre el contenido concreto de la reforma y la mayor o menor oportunidad de algunas de las medidas que contiene, el futuro Ejecutivo debería tener claro que cualquier aumento de los ingresos públicos no debería destinarse en primera instancia a elevar el gasto, sino a reducir una deuda que pueden convertirse en un serio lastre para la economía, aún más en una coyuntura de desaceleración y enfriamiento.

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