Transparencia y objetividad, billetes de ida para liberalizar el AVE
De cómo se efectúe el proceso dependerá la eficacia futura de una de las joyas del transporte mundial
En los años previos a la inauguración del AVE en España, con toda urgencia para llegar a tiempo a la Expo de Sevilla en abril de 1992, se conocía el proceso de adjudicación por Renfe de los nuevos trenes como el contrato del siglo. Tal era su monto económico, la trascendencia de la nueva infraestructura y su componente tecnológica. El tiempo dio la razón y España se ha convertido en una potencia mundial en alta velocidad. La liberalización ferroviaria en marcha ahora es, en términos cualitativos, un nuevo contrato del siglo para el tren.
Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ha lanzado este jueves –fecha límite para presentar ofertas para los acuerdos marco– el proceso que pondrá fin a una de las grandes carencias del sistema del AVE y del transporte de viajeros por tren en general: la falta de competencia. En estos 27 años, Renfe ha sido el exitoso operador único de la alta velocidad, en un modelo monopolístico destinado a desaparecer por exigencia de la UE y en favor de la bienvenida competencia. De cómo se efectúe el proceso dependerán no solo las mejoras en calidad, servicio y precios para los usuarios, sino la eficacia futura de una de las joyas del transporte mundial.
Al contrario que en otros países, Adif ha optado por concentrar la fórmula de acceso frente a un modelo más abierto, que permitiría a las empresas optar por rutas e intervalos. Su objetivo es canalizar la demanda, ya que de los 15.000 kilómetros de red solo ciertas líneas de alta velocidad son atractivas para un operador privado. Lo ha hecho en tres lotes, en los que Adif ha aumentado la capacidad y que no se tienen por qué solicitar completos. Una comisión de valoración, integrada por equipos de Adif, evaluará ahora las solicitudes desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y de compatibilidad, según un procedimiento orientado a garantizar la transparencia, la objetividad y el acceso no discriminatorio de los candidatos a operar en la red. Será el consejo de Adif el que determine, antes del 15 de diciembre y previa aprobación por la CNMC, los adjudicatarios de los acuerdos de capacidad marco, que se deberán firmar antes del 15 de marzo de 2020.
Una vez más, el parón político aparece como una sombra en este importante proceso, en el que quedan por definir aspectos tan fundamentales como el canon que deberán abonar los adjudicatarios o su participación en el mantenimiento de la red. La elevada inversión necesaria y los largos plazos de puesta en marcha requieren certezas que los candidatos necesitan conocer. Algo tan claro como saber quiénes son sus competidores por las ofertas, un listado que, inexplicablemente, no se ha hecho público desde el primer momento para cumplir con el previsto e irrenunciable principio de transparencia.