Cuando Hacienda quiere entrar hasta en el domicilio del empresario

Los responsables tributarios han de pisar un terreno muy firme para evitar arbitrariedades

Un buen sistema tributario tiene que ser equitativo, flexible, sencillo y transparente; pero sobre todo debe ser eficiente. La lucha contra el fraude y la economía sumergida debe ser prioridad número uno para los responsables del fisco, porque si esta no es eficaz todo lo demás deriva en una injusticia que desincentiva la confianza y, por tanto, el compromiso de los ciudadanos por concienciados que estén con su responsabilidad fiscal. Esa es la razón por la que la Agencia Tributaria debe medir con precisión sus pasos cuando se aventura en nuevos mecanismos para combatir a los defraudadores.

Muchas pymes han comenzado a recibir una carta de la Agencia Tributaria en la que se les informa de que los ingresos que declaran no cuadran con los de la media del sector, en una suerte de análisis del negocio que desvela una nueva forma de entender el control tributario por Hacienda. Es una fórmula iniciada hace tiempo para casos muy sospechosos, pero que ahora se extiende con los citados avisos. Sin embargo, Hacienda va más allá y quiere llegar a registrar el domicilio particular del contribuyente en busca de pruebas. Es el caso de un negocio de hostelería en Córdoba, cuyas cuentas levantaron las sospechas de los inspectores por su incoherencia estadística con el sector, y en el que los funcionarios del fisco obtuvieron del juzgado de lo contencioso-administrativo la autorización para el registro domiciliario. El caso ha llegado al Tribunal Supremo y puede suponer un antes y un después en la relación de las empresas con Hacienda que, además de lo que considera evidencias económicas de fraude sobre el negocio y los ingresos, emplea entre sus argumentos el riesgo de “destrucción u ocultación de la posible doble contabilidad” en caso de iniciar una inspección fiscal formal. Como es lógico, la defensa del empresario se ha acogido al principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio y pide la anulación de las posibles pruebas que el fisco pudiera haber encontrado.

El Supremo tiene ahora el difícil papel de decidir si una sospecha estadística justifica por sí sola la inspección del hogar, cuya privacidad protege la Constitución. Hacienda, por su parte, se introduce en terrenos poco habituales, que incluyen un seguimiento del negocio y, más allá, de la capacidad del empresario. Cierto que muchas veces los números cantan, pero los responsables tributarios han de pisar un terreno muy firme, que incluye aspectos cualitativos, para evitar indeseables efectos como posibles arbitrariedades. A la vez, se deben tomar con urgencia medidas legales sobre los pagos sin justificantes ni registro telemático alguno, un agujero fiscal tan evidente como difícil de controlar y cuantificar.