La sostenibilidad de las pensiones pasa por incentivar los planes de empresa
Siguen sin despegar en España y parecen incapaces de echar raíces en nuestra cultura empresarial
Los planes de pensiones de empleo en España continúan siendo un testimonio residual y decreciente del modo de ahorro para la jubilación más generalizado en el mundo. Desde el año 2011, los fondos de pensiones de empresas o de Administraciones Públicas han sufrido la salida de 3.442 millones de euros, y aunque su patrimonio global ha crecido ligeramente desde entonces, ello se explica por la revalorización de los activos que tienen en cartera. Las cifras muestran que a cierre de junio de este año, el ahorro que acumulaban sumaba 35.000 millones de euros frente a los 75.000 que hay en los los planes de pensiones individuales, los 189.000 de los seguros de ahorro y jubilación o los 270.000 de los fondos de inversión. Pese a las nubes e incertidumbres que amenazan la sostenibilidad de las pensiones públicas, el conocido como segundo pilar del sistema (el primero es la Seguridad Social y el tercero los planes privados individuales) sigue sin despegar en España y parece incapaz de echar raíces en nuestra cultura empresarial y de ahorro.
Es cierto que se trata de un modelo con poca tradición. Creados con la finalidad de complementar las prestaciones de la Seguridad Social, empezaron a extenderse en nuestro país a partir de la década de 2000 de la mano de multinacionales, eléctricas privatizadas, bancos y administraciones públicas, mientras que en países como Alemania fueron implantados ya en la segunda mitad del siglo XIX (Krupp, Siemens y Basf ) y en EE UU en 1875 (American Exprés). Pese a ello, en 2010 había ya más de 2,15 millones de trabajadores españoles cubiertos con este modelo mientras que hoy la cifra está por debajo de los dos millones y el dinero que sale cada año por las jubilaciones supera al que entra por nuevas aportaciones.
Aunque el interrogante sobre el futuro del sistema público de pensiones no se responde únicamente con el crecimiento de los planes de empresa, no cabe duda de que su normalización como forma de ahorro complementaria contribuiría a aligerar la presión que soporta la caja del Estado. En el sector público se trata de un modelo ya probado, pero en las empresas su presencia sigue siendo reducida, lo que significa que tiene todavía por delante un amplio recorrido y que hay margen para incentivarlo. Ello exige por parte de los poderes públicos una regulación que lo haga atractivo tanto para los empresas como para los trabajadores, con fórmulas que incluyan, por ejemplo, rebaja de cotizaciones para ambos en aquellas compañías que apuesten por implantarlos.