Los minoritarios exigen a Mediaset 255 millones por sus acciones
La compañía había reservado 180 millones para pagar a los disidentes 6,5444 euros por título
Dueños de 39,02 millones de acciones de Mediaset, valoradas en 255,4 millones según el precio de separación fijado en el acuerdo de fusión (6,5444 euros) entre el grupo español y su matriz italiana, han ejercitado el derecho de separación ante el proceso de integración. En principio, solo se habían reservado 180 millones de euros para dar salida a los accionistas, tanto de la matriz como de la filial. Así, este límite se ha superado sobradamente solo con los socios díscolos de la empresa española.
Mediaset fichó la semana pasada a Credit Suisse para solucionar los requisitos impuestos en su proyecto de fusión de la matriz italiana con la filial española. El banco tiene como misión dar una salida a los accionistas que deseen abandonar la compañía a través de la venta de títulos con un descuento respecto al precio en Bolsa. En todo caso, la fusión está paralizada por el juzgado de lo mercantil nº 2 de Madrid.
Paolo Vasile, CEO de Mediaset España, declara en una entrevista concedida al periódico online Nius, propiedad de Mediaset, que Vivendi compró un 1% de la cotizada española sólo para hacer un uso instrumental de la Justicia en España y poder frenar así la operación. Entre junio y julio, Vivendi compró ese porcentaje para tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares de suspensión de la fusión y que le han sido concedidas.
Los accionistas del grupo de televisión que cotiza en España pudieron ejercer su derecho de separación hasta el pasado jueves, y está pactado que reciban 6,5444 euros por acción, cuando el martes 15 de octubre cerraron a 5,65. Los que han ejercido su derecho de separación en Mediaset Italia tienen la promesa de recibir 2,77 euros por título, frente a los 2,714 del martes.
El pasado 4 de septiembre, dueños de 57,74 millones de títulos votaron en contra en la junta, y todos ellos podían exigir el precio de salida. Traducido a euros, los socios de la filial podían haber exigido que se les pagaran cerca de 380 millones de euros.