El tema de la neutralidad de la red tendrá que resolverlo el Congreso de EE UU

La diversidad legislativa puede perjudicar a la inversión y a los propios consumidores

Sala de reuniones de la Comisión Federal de Comunicaciones, en Washington DC (EE UU).
Sala de reuniones de la Comisión Federal de Comunicaciones, en Washington DC (EE UU).

Un internet neutral puede ser una quimera sin el apoyo de Washington DC. El día 1, un tribunal estadounidense se negó a prohibir a estados como California imponer la neutralidad de la red –la exigencia de que los proveedores de servicios de internet (ISP) traten todos los contenidos por igual– a pesar de defender las conflictivas normas federales. Sin embargo, como en todo, desde la lucha contra los monopolios hasta la protección del medio ambiente, solo unas normas nacionales uniformes pueden proporcionar, en última instancia, una claridad que es crucial tanto para las empresas como para los consumidores.

El fallo parecía a primera vista una gran derrota para la libertad en internet: respaldaba la derogación en 2017 por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de las normas que exigen la neutralidad de la red. Bajo el mandato de Thomas Wheeler, que fue nombrado por el presidente Barack Obama, la FCC adoptó esas reglas en 2015, diciendo que Comcast, AT&T y otros ISP eran, al igual que las compañías telefónicas tradicionales, common carriers (empresas responsables de los bienes que transportan), que no pueden discriminar entre sus usuarios.

El sucesor de Wheeler, Ajit Pai, nombrado por Donald Trump, adoptó un punto de vista diferente, persuadiendo a la agencia para que eliminara esas reglas en favor de permitir que los ISP ralentizaran o incluso bloquearan ciertos contenidos y cobraran más por el acceso a sus redes a los grandes usuarios.

Pai y sus aliados sostienen que permitir que los ISP rentabilicen la alta demanda les alienta a invertir en redes más rápidas y en un mejor servicio. Y sin duda es irritante para, digamos, Verizon Communications, gastar enormes cantidades de dinero y luego ver a otros como Netflix consumir montones de capacidad con servicios que a veces compiten con los suyos.

Sin embargo, los defensores de la neutralidad de la red replican que internet es demasiado importante para hacer concesiones a la obtención excesiva de beneficios. Les preocupa que los ISP ralenticen el tráfico de servicios que compiten con los suyos, o que reciban pagos de gigantes de la tecnología a cambio de acelerar el acceso a sitios web y aplicaciones.

Esas preocupaciones llevaron a la empresa de software Mozilla, al servicio de streaming Vimeo y a una coalición de gobiernos estatales y locales a desafiar las nuevas reglas de la FCC ante la justicia. Un tribunal de apelación de Washington formado por tres jueces opinó unánimemente que estaba totalmente dentro de los poderes de la agencia regular los proveedores de servicios de internet como le pareciera conveniente, y expresó su preocupación concreta por un nuevo cambio en las regulaciones. El tribunal añadió, sin embargo, que la Comisión se extralimitó al tratar de impedir que los estados promulgaran sus propias salvaguardas para el internet abierto.

Las noticias provocaron ovaciones en Oregón, Vermont y, en particular, en California, que el año pasado aprobó una estricta ley de neutralidad en la red. Sin embargo, aún no se ha aplicado porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo impugnó casi inmediatamente. El nuevo fallo fortalece la posición del Estado Dorado, pero el fiscal general del Estado dice que retrasará la aplicación de la ley hasta que se resuelva el caso del Departamento de Justicia.

De cualquier forma, las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses apoyan la neutralidad de la red, y el fallo del tribunal convierte una vez más a los estados –en contraste con la administración Trump– en adalides del interés público contra el poder corporativo.

Tomemos por ejemplo el tema de la lucha antimonopolio. En julio, los gigantes de la telefonía móvil Sprint y T-Mobile US se ganaron la aprobación –con ciertas condiciones– del Departamento de Justicia y la FCC para su fusión de 26.000 millones de dólares, para acabar afrontando un desafío legal de más de una docena de estados liderados por Nueva York y California.

Luego está la persecución de los delitos de cuello blanco, las irregularidades de los banqueros, los ejecutivos y las empresas a las que sirven. A solo unas semanas del fin del ejercicio fiscal correspondiente al 30 de septiembre, los agentes federales estaban en camino de llevar el menor número de casos de este tipo en 33 años, según las cifras del Departamento de Justicia analizadas por la Universidad de Siracusa (Nueva York). Ni siquiera la esperada caída tras la crisis financiera puede explicar del todo el declive. Los fiscales generales estatales están interviniendo en algunos de estos casos.

Por último, véanse los esfuerzos para proteger el medio ambiente. Las agencias federales han eliminado una gran cantidad de regulaciones dirigidas a limitar la contaminación del aire y del agua, por ejemplo. Los más notables son los esfuerzos por eliminar las reglas de 2012 que requieren que la flota de cada fabricante de automóviles promedie unas 47 millas por galón (20 kilómetros por litro) para el año 2025, y para forzar a California a renunciar a sus estándares, más estrictos.

La escaramuza en torno a la economía de combustible entre Sacramento y Washington pone de relieve los peligros de dejar la fijación de normas a los estados, por muy loables que sean sus esfuerzos. No se puede esperar que los fabricantes de automóviles produzcan un vehículo más ecológico para California y una versión diferente para el resto del mercado estadounidense.

Cuatro compañías –BMW, Ford Motor, Honda Motor y Volkswagen– acordaron cumplir con los estándares más estrictos de California en toda su flota, para acabar recibiendo el golpe de una investigación del Departamento de Justicia sobre si el pacto reduce ilegalmente la competencia.

Existe un riesgo de confusión similar con la neutralidad de la red. La fragmentación de las reglas genera incertidumbre que puede perjudicar a la inversión, las empresas y la capacidad de elección de los consumidores. Los estados pueden luchar por sus buenas causas por un tiempo, pero en última instancia, el Congreso tendrá que dar un paso adelante.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías