La OCDE pide que las tecnológicas paguen impuestos donde tienen usuarios

El gravamen también afectaría al sector del lujo y los fabricantes de automóviles

Logotipos de firmas tecnológicas en un dispositivo móvil.
Logotipos de firmas tecnológicas en un dispositivo móvil. AFP

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó ayer su propuesta para que las grandes empresas tecnológicas, como Apple, Facebook, Amazon, Netflix o Google, paguen impuestos en los países donde están sus usuarios, tengan presencia física en ellos o no, y no solo en aquellos Estados donde esté registrada la propiedad de las patentes, licencias o marcas, o donde las empresas tengan sus sedes. Pero, más allá de a los gigantes de internet, la iniciativa afectaría a otras compañías que ofrecen productos de consumo minorista, como pueden ser las grandes marcas de lujo o los fabricantes de automóviles.

La propuesta supone un primer paso para lograr articular a escala global lo que se ha venido llamando tasa Google, pues deja superado el debate entre quienes, como EE UU, venían defendiendo que las empresas tecnológicas solo deben pagar impuestos donde crean sus algoritmos, y quienes, como la UE, apostaban por gravar su actividad allá donde encuentran los usuarios que los hacen rentables.

El nuevo documento, que será debatido la próxima semana en la cumbre del G20 que se celebrará en Washington, busca crear un nuevo sistema de fiscalidad “estable” para las empresas, dado que “las reglas actuales datan de la década de 1920 y ya no son suficientes para garantizar una asignación equitativa de los derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado”, explicaron ayer desde la OCDE. El objetivo pasa así por impulsar un acuerdo general para los 134 países que se han sumado desde enero a esta iniciativa.

La propuesta del grupo de trabajo de la OCDE, abierta ahora a consulta pública, es fruto del acuerdo sellado el pasado mes de agosto en Biarritz entre Estados Unidos y Francia, en la última cumbre del G7, para frenar las tensiones comerciales generadas por la tasa a las tecnológicas impulsada por París, que provocó que Washington anunciara aranceles sobre el vino francés.

La nueva tasa, que la OCDE espera tener lista a principios de 2020, mermaría la recaudación de países como Irlanda y a paraísos fiscales extraterritoriales, mientras que beneficiará a los grandes mercados de consumo como EE UU y Francia y a los países emergentes.

En principio, la propuesta, que no entra a detallar qué cantidad de impuestos deberán abonar las empresas, gravaría a las compañías con un volumen de negocios global de más de 750 millones de euros en todo el mundo y excluiría a las empresas dedicadas a la extracción de materias primas. Afectaría, eso sí, a las empresas tecnológicas que no venden directamente a los consumidores sino que comercializan publicidad a empresas que sí venden al pequeño consumidor. La iniciativa ha tratado de consensuar las propuestas de tres bloques de países: Reino Unido y otros europeos;

EE UU y China, e India, Colombia y otros emergentes.

El impuesto, puesto en marcha por Francia y una de las propuestas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez, fue planteado también en el seno de la Unión Europea, que rechazó su aplicación si no había un acuerdo en la OCDE por el rechazo de países como Alemania.

A falta de conocer cómo se concreta la propuesta de la OCDE, las iniciativas europeas de tasa Google coincidían en gravar al 3% tres actividades concretas: la publicidad online, la intermediación entre compañías y particulares o la venta de datos de usuarios. A partir de ahí, y siempre para firmas con al menos 750 millones de facturación mundial, España planteó cobrar a empresas con al menos tres millones de actividad en el país, frente a los 50 millones en Europa que barajó la UE y los 25 millones en territorio galo que aplica Francia. Reino Unido, por su parte, anunció una tasa del 2% para firmas con al menos 25 millones de libras (28 millones de euros) de caja en el país y 500 millones en el mundo. París confía en ingresar así 600 millones al año y Madrid aspiraba a obtener 1.200, lo mismo que Londres en tres años. Los tres países, eso sí, anunciaron que sustituirían sus tasas por la que acabe impulsando la OCDE.

“La cuestión clave ahora es encontrar un consenso y un compromiso entre todos los miembros de la OCDE para principios de 2020”, aseguró el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, bajo cuya batuta se han coordinado los trabajos para esta tasa. Desde la OCDE, por su parte, el responsable de política fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, advirtió de que en caso de que no se logre alcanzar un acuerdo entre todos los países “habrá disputas unilaterales masivas”.

Por lo pronto, las grandes multinacionales han recibido la propuesta como un “importante paso adelante”, según destacó Amazon. “Continuamos apoyando el trabajo de la OCDE y contribuyendo activamente a él, con miras a lograr una solución común para la tributación de una economía internacional en constante cambio”, expuso el gigante de la distribución mundial en un comunicado. La empresa ha asegurado además que “lograr un amplio consenso internacional es crucial para limitar el riesgo de doble imposición (…) al tiempo que se crea un entorno propicio para el crecimiento del comercio mundial, que es esencial para millones de personas, clientes y empresas”.

La OCDE ha propuesto además una segunda reforma con la que pretende impulsar un impuesto de sociedades mínimo a nivel internacional que las empresas no puedan evitar. La intención del organismo presidido por Ángel Gurría pasa por tener listo un borrador de consulta pública durante este mes de diciembre.

El reparto de la tributación internacional

Precios de transferencia. La OCDE ha abordado en su propuesta el debate sobre los precios de transferencia, es decir, los valores que dan internamente las compañías para transferir productos o servicios entre la matriz y sus filiales. Esta variable suele ser objeto de pulsos tributarios por el interés que tienen las compañías en establecer sus beneficios en aquellas jurisdicciones en las que pagan menos impuestos. El organismo internacional sugiere mantener el actual sistema con solo ligeras correcciones, para que solo afecten a los grupos con grandes beneficios. Estas quedarían sujetas a un umbral de beneficio consolidado mundial –por concretar– que si superan les obligará a aportar fondos a una bolsa tributaria común a repartir entre los países en los que tenga mercado, recoge Efe.

Sistema de arbitraje. La propuesta contempla la necesidad de implantar un mecanismo de arbitraje para garantizar la resolución de conflictos y evitar que las empresas sean sometidas a dobles imposiciones, esto es, que acaben viéndose gravadas en dos territorios diferentes por la misma actividad.

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