Empresas

55 multinacionales europeas piden reformar la política de competencia

El grupo, que incluye a Telefónica, Iberdrola, Inditex y Ferrovial, pide una regulación que les permita competir globalmente

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Los primeros ejecutivos 55 grandes empresas europeas ha pedido públicamente hoy una reforma de la política europea de competencia, argumentando que la regulación actual impide a las compañías competir en un entorno global. El grupo, denominado European Round Table of Industrialists (ERTI, Mesa Redonda de Industriales Europeos) incluye a los consejeros delegados o presidentes de 55 grandes compañías, entre las que están José María Álvarez-Pallete (Telefónica),  Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Pablo Isla (Inditex) y Rafael del Pino (Ferrovial), además de los CEOs de firmas como L'Oréal, Heineken, Volvo, Philips, Vodafone, Siemens, Orange o Renault. Son responsables de firmas que emplean a cinco millones de personas.

El grupo de empresarios ha hecho público un documento en el que destaca la necesidad de que las empresas europeas puedan competir en tamaño en la economía de hoy, globalizada y cambiante. Para ello, aseguran, necesitan operar en marcados regidos por políticas de competencia "más inteligentes" que busquen la creación de un campo de juego global y que respondan ante los cambios de condiciones de un mercado también global.

"La rápida digitalización de la mayor parte de los sectores de la economía y el dominio creciente de gigantes de China y EE UU son pruebas de la necesida de reflexión y cambios", explica el ERTI. El grupo rechaza las recientes propuestas para que las decisiones sobre operaciones tomadas por la Comisión Europea deban ser refrendadas por el Consejo (los Estados miembros): "No estamos convencidos de que un mayor peso político en las decisiones de competencia sea un cambio positivo".

En concreto, los empresarios tienen cuatro recomendaciones básicas. En primer ligar "alinear la supervisión de competencia con las demandas de la economía digitalizada", es decir, que se tengan en cuenta factores no reflejados en los precios, como los datos, la innovación o los potenciales beneficios para el cliente de las relaciones entre empresas. "El daño potencial más allá de los efectos de precio debe ser tenido en cuenta", añaden.".

En segundo lugar, poner en marcha un régimen de control más ligero. Las empresas piden simplificar y acelerar los procesos de aprobación de operaciones y reduciendo las peticiones de información. Las normas, afirman, deberían distinguir entre operaciones sencillas y complejas.

En tercer lugar, "elevar la seguridad jurídica de la colaboración competitiva", que explican como procurar un entorno favorable a las actividades competitivas. Para ello sugieren que se amplíen los acuerdos horizontales permitidos si favorecen la competencia, así como una mayor armonización entre los enfoques de los supervisores nacionales y la Comisión.

Además, proponen también un punto de vista "holístico" para garantizar la competitividad global. "La Comisión debe adoptar una visión completa de las prácticas y el poder de mercado de empresas extranjeras públicas o con apoyo público que operan en Europa, e introducir más flexibilidad en las reglas de ayudas de Estado, especialmente en áreas sensibles". El ERT pide una posición más fuerte de Euroa hacia las prácticas de este tipo por empresas extranjeras para alvanzar un mayor nivel de reciprocidad.

"Cuando las indsutrias europeas aforntan competencia creciente de firmas extranjeras con la ventaja del apoyo público sin tener regulaciones similares [...] se debe tener en cuenta el impacto en la competitividad global de las empresas europeas cuando se evalúen ayudas de Estado o se decidan exenciones o reducciones de los costes regulatorios".

"Los miembros de ERT tienen el compromiso de una Europa fuerte, inclusiva y unida en la que los jugadores industriales innovadores, grandes y pequeños, tienen un papel clave", apunta en nota de prensa el CEO de Volvo, Carl-Henric Svanberg.

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