El Gobierno británico pedirá una prórroga del plazo de salida si no logra un acuerdo
Boris Johnson lo pedirá si para el 19 de este mes no ha conseguido negociar un pacto de retirada.
El Gobierno británico pedirá a la Unión Europea (UE) una prórroga del plazo de salida, previsto para el próximo 31 de octubre, si para el 19 de este mes no ha conseguido negociar un acuerdo de retirada.
Así lo revelan una serie de documentos oficiales presentados este viernes durante una vista en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que evalúa si el primer ministro, el conservador Boris Johnson, podría ser multado o incluso ir a la cárcel en caso de forzar un "brexit" no negociado.
"Él (Johnson) enviará una carta en la forma estipulada según el calendario no después del 19 de octubre", recoge el texto que ha sido divulgado por uno de los demandantes, el activista antibrexit Jolyon Maugham.
El primer ministro estaría dispuesto así a aceptar los términos de la ley aprobada por el Parlamento, que obliga al Ejecutivo a requerir una prórroga de las negociaciones con Bruselas en caso de que no se haya pactado un plan de retirada ante la fecha límite del 19 de octubre, después del Consejo Europeo.
El despacho oficial de Downing Street rehusó hacer ningún comentario, después de que los documentos fueran aportados ante el tribunal presidido por el juez Lord Pentland.
El texto fue divulgado por la parte demandante, integrada por la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit "The Good Law Project" Jolyon Maugham.
El abogado de los demandantes destacó que esta revelación se contradice con la postura mantenida hasta ahora por Johnson, que ha reiterado que el país abandonará la UE el próximo día 31 con o sin acuerdo y que preferiría "estar muerto en una zanja" antes de solicitar una extensión.
Tras un receso, la vista continuará este viernes con la exposición de los argumentos por parte del representante legal del Ejecutivo.
Se espera que el tribunal se pronuncie el próximo lunes sobre las consecuencias legales que podría asumir el "premier" si fuerza una ruptura sin acuerdo, lo que podría incluir la imposición de una multa y hasta de una posible pena de prisión.