La Constitución digital y los nuevos derechos
El gran desafío es diseñar un nuevo modelo en torno a los datos e incluso redefinir su fiscalidad
Vivimos cambios tecnológicos y científicos que transforman económica, social, política y culturalmente nuestra sociedad. Un nuevo tiempo VUCA (acrónimo en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) acelerado, hiperconectado y digital en el que, prácticamente, no hay ninguna faceta de nuestras vidas que no haya sido afectada por la disrupción tecnológica.
En 2006, de las diez mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, ocho pertenecían al sector de energía y financiero. Poco más de una década después, según el Global Top 100 de PWC, siete de las diez mayores empresas corresponden al sector de las tecnologías de la información y del e-commerce y, entre las diez primeras, tan solo queda una del sector energético y una del financiero. Un cambio que refleja el impacto de las innovaciones asociadas a la nueva economía de plataforma, la nueva colonización de la inteligencia artificial, los algoritmos, el machine learning o la emergencia de la economía colaborativa.
Un mundo en disrupción que genera cambios profundos en las personas, en nuestros hábitos, inquietudes, en las formas de relacionarnos o consumir servicios. Cambios en el modo de aprender y adquirir nuevos conocimientos que inciden de pleno en el mundo de la academia y que determinan nuevos contextos laborales, económicos y sociales. Todo ello en un marco de preocupación, incertidumbre y debate permanente que se traslada al terreno de las políticas públicas y que incide, también, en el sector empresarial.
En este sentido, han sido representativos de esa inquietud los discursos de una mayoría de líderes políticos y empresariales en los últimos encuentros de Davos, donde han mostrado una profunda preocupación por el impacto de la economía de los datos y la privacidad de los ciudadanos.
El poder político y económico en el mundo se está reconfigurando caracterizado por la pérdida de centralidad de los territorios y de los Estados frente a la potencia de los nuevos actores del sector tecnológico. El imperio de las denominadas GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) y sus algoritmos están hoy en el centro de las cadenas de valor global y constituyen el sistema nervioso de la nueva economía.
Este nuevo capitalismo tecnológico tiene un impacto y una capacidad transformadora que escapa al control o la regulación de las instituciones. Incluso constituye una amenaza para la propia supervivencia del sistema económico capitalista global. Así lo declaraban en una reciente carta, un importante grupo de CEO de compañías tech, que reconocían las deficiencias de este liderazgo tecnológico, en gran parte monolítico y altamente concentrado, y reclamaban ser la generación que construya una tecnología que restaure la humanidad.
Datos y algoritmos conforman un binomio de control que la técnica impone sobre la humanidad, sostiene José María Lassalle en su último libro Ciberleviatán. Apenas veintiún años después del nacimiento de Google, arrecian los debates e inquietudes sobre el peligro del nuevo autoritarismo de las Bigtech, que, fuera del control democrático, pone en riesgo los principios de igualdad, libertad y fraternidad defendidos desde la Revolución Francesa. Diversas voces reclaman una reflexión sobre el modelo de sociedad que estamos construyendo y los riesgos a los que nos enfrentamos para avanzar en el impulso de un nuevo humanismo tecnológico.
Pero poner la tecnología al servicio de las personas, garantizando una nueva generación de derechos, exige compromisos, alianzas múltiples y capacidad de gestionar la complejidad y la diversidad. Necesitamos un renovado liderazgo político y, en particular, desde las ciudades que son referencia en el mundo por su liderazgo de la gobernanza local, con una clara vocación y proyección global, conviene impulsar un gran debate y un nuevo marco que ampare y regule los derechos políticos, económicos, sociales y culturales en esta era digital.
En este sentido, la propuesta del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el encuentro de Ametic, de impulsar la elaboración de una Constitución digital, abre una oportunidad para debatir sobre cómo deben protegerse los derechos de la ciudadanía y de las empresas. El presidente reconoce que el proceso de digitalización exige modificar las reglas del juego y que este debe ser uno de los ejes de acción política prioritarios.
El gran desafío es diseñar un nuevo modelo digital en torno a los datos e incluso redefinir su fiscalidad. Y no hay prioridad política sin liderazgo y poder. Es por ello que, además de pensar en esta nueva protección de los derechos, creo que deberíamos contar con una autoridad política digital con rango de vicepresidencia, como ya proponía en este artículo de julio de 2016. La necesidad y oportunidad de abordar el debate sobre los derechos digitales es un tema emergente. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió en campaña una carta de derechos digitales y su partido, La République En Marche (LaREM), presentó en 2018 en la Asamblea Nacional una propuesta para reformar la Constitución con la voluntad de incluir una Carta de derechos digitales en su preámbulo. Por su parte, el próximo equipo de la Comisión Europea acaba de definir la política digital como uno de sus dos focos prioritarios, nombrando a la danesa Margrethe Vestager como vicepresidenta ejecutiva responsable de la agenda adaptada a la era digital. La nueva vicepresidenta europea es conocida por liderar la imposición de importantes sanciones a las grandes tecnológicas como comisaria de Competencia.
Igualmente, destacados directivos como el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, reconocen la responsabilidad de contribuir a una digitalización centrada en las personas. La compañía presentó el año pasado su Manifiesto por un pacto digital, subrayando la necesidad de elaborar una carta de derechos digitales para garantizar los valores y derechos fundamentales. En línea con otros importantes CEO, señala la necesaria cooperación pública y privada para asegurar “que los beneficios de este nuevo mundo lleguen a todos”.
En este nuevo combate cívico frente a la distopía de un mundo gobernado por y para la tecnología, las ciudades constituyen un actor indispensable para dar sentido y construir nuevas coherencias en nuestras sociedades posmodernas.
Humanizar la tecnología y ponerla al servicio de la ciudadanía solo puede hacerse con un trabajo concertado entre administraciones, empresas de tecnología, organizaciones sociales y activistas. Las ciudades, además, forman parte indisoluble del capital simbólico de los grandes acuerdos democráticos de nuestro país. Si la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, está íntimamente vinculada a Cádiz y el gran acuerdo democrático de nuestra actual Constitución, que ha generado la época de mayor estabilidad y prosperidad, está ligado al Congreso de los Diputados en Madrid… ¿por qué no una nueva Constitución digital bien podría estar acogida desde la ciudad de Barcelona y su ecosistema digital como sede, foro y nodo de un nuevo humanismo tecnológico? Esta es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.
Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación