Filipinas se adhiere al Convenio de La Haya, pero deja barreras más grandes
El país planea invertir 38.000 millones en infraestructuras, pero los límites al capital extranjero frenan a las contratistas españolas
El 14 de mayo pasado la República de Filipinas se adhirió al Convenio de La Haya y se convirtió en uno de los 117 países que reconocen la validez de los documentos sellados con la famosa apostilla. Parece un tema notarial menor, pero la aceptación por parte de Manila de este método simplificado de legalización es un alivio para las compañías españolas interesadas en licitar en este mercado.
Desde la llegada al poder de Rodrigo Duterte, en 2016, el archipiélago sudasiático es un hervidero de planes de autopistas, puentes atirantados y vías férreas que buscan conectar sus más de 7.000 islas.
Con el respaldo financiero de Japón y China, el polémico líder lanzó en 2017 Build, Build, Build, un ambicioso programa de obra pública que pretende invertir 38.000 millones de euros en dos fases: 25 proyectos por 4.500 millones hasta 2022 y otros 50 por 33.299 más allá de ese horizonte.
La promesa de una “era dorada de las infraestructuras” ha despertado el interés de las constructoras españolas, pero a menudo estas se han encontrado con trabas que les impiden pujar por los proyectos.
En el plano administrativo, el rechazo a la apostilla era el obstáculo más elocuente. Les obligaba a emprender una larga y engorrosa gira por ministerios, consulados y embajadas para legalizar los papeles que debían presentar a las subastas.
Ahora que Manila ha aceptado el sello será todo un poco más fácil, aunque quedan por delante las barreras más difíciles de remover. Filipinas solo da acceso a sus licitaciones a constructoras extranjeras que concurran como socias de consorcios controlados por empresas locales. “La norma limita el capital extranjero al 40%, lo que supone una minoría frente al 60% restante, que deberá ser filipino”, precisa Natalia Deus, asesora de la Oficina Económica Comercial de España en Manila.
Hay dos excepciones: cuando la obra es financiada por ayuda oficial al desarrollo o se trata de un proyecto de colaboración público-privado (PPP). En esos casos sí se permite la participación de empresas de capital 100% extranjero. El problema es que, aunque el modelo PPP está muy desarrollado y tiene la bendición del Gobierno, “la realidad es que se cristalizan menos proyectos de los deseables bajo esta modalidad”, dice Alfonso Andrés Urrutia, director general del grupo Inclam.
Proteccionismo
La ingeniería especializada en agua ganó su primer contrato en el país en 2012, una depuradora en Estero de Paco financiada por el Asian Development Bank (ADB), al que ha seguido una potabilizadora y una consultoría con el banco multilateral por 28 millones de euros.
“Filipinas es bastante proteccionista en general y no facilita la inversión extranjera”, confirma Urrutia. Por eso, “solemos descartar las licitaciones nacionales y priorizamos las internacionales, aunque hay excepciones, claro”, puntualiza. Pese a ello, el país aporta entre el 5% y 10% de su cartera de obras y es su centro de operaciones en la región.
Las restricciones al capital extranjero, junto con muchos otros factores, han impedido el despegue del programa estrella del Gobierno. Más de dos años después de su lanzamiento, apenas 2 de los 75 proyectos listados se han ejecutado: la recuperación de un tramo del río Pásig y el dragado del embalse de Pulangi, por un importe conjunto de 22 millones de euros, que no representa ni el 1% del total presupuestado, según el último reporte oficial al mes de julio.
Deus opina que “no es realista pensar que se completará el 100% de las obras previstas para 2022”. Sin embargo, ve en el Gobierno “claros signos de continuar avanzando para cumplir los objetivos”.
A las firmas españolas interesadas en competir por estos contratos les aconseja abrir una oficina en el país, ya que permite informarse antes y mejor. “Anticiparse a la publicación de las licitaciones es básico, puesto que los consorcios se forman en la fase previa y, una vez efectuada la precalificación, ya no es posible incorporarse a ellos, quedando únicamente la opción de la subcontratación”, explica.
Las que están presentes
Desde Inclam recomiendan entrar en el país de la mano de empresas que ya estén presentes, porque “la curva de aprendizaje es muy larga”. “Yo no aconsejaría abordarlo solos como hicimos nosotros”, comenta el director general del grupo, Alfonso Andrés Urrutia.
En carreteras y puentes, varias empresas españolas han acometido proyectos en Filipinas. Entre ellas destacan Centunion, Alsina, Getinsa y OHL, según un informe de Icex.
En ferrocarriles, CAF, en sociedad con Mitsubishi, ganó en 2017 un contrato de 225 millones para la fabricación de 30 trenes de la ampliación de la línea de metro elevada LRT-1. A finales de agosto pasado, Acciona presentó ofertas por los primeros paquetes de la línea de tren Malolos-Clark.
