Los riesgos fiscales de una repetición electoral

La caída de recaudación en el impuesto de sociedades o la tributación digital son cuestiones que hay que resolver pronto

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.

No hay acuerdo a la vista entre los dos grupos políticos que ahora mismo podrían formar un Gobierno en España. El Rey ha citado a los partidos para explorar la posibilidad de desbloquear la investidura, pero cada vez parece más evidente que los españoles tendremos que volver a las urnas en noviembre, ante unas elecciones cuya repetición entraña algunos riesgos, especialmente graves, en materia fiscal.

Entre los impuestos, el de Sociedades es el que más preocupa debido al desplome de su recaudación. Se reformó en 2015 pero, una vez más, y a pesar de hacerse a través de una nueva ley, fue solo un parche que no atajó el problema de raíz. A causa de ello, se recauda por este tributo casi la mitad de lo que se registraba antes de que comenzara la crisis y, en porcentaje del PIB, por debajo de la media de los países de la eurozona.

Asimismo, la caída de la progresividad en el IRPF y la baja tributación de las empresas digitales son otras dos cuestiones que, de convocarse nuevamente elecciones, continuarán pendientes de una posible adopción de medidas al respecto.

El impuesto de Sucesiones es otro de los que enciende el debate político, por la intención de suprimirlo de facto en algunas comunidades. El último caso sería el de Castilla y León, que ha iniciado los trámites para reducirlo en un 99%, comprometiendo buena parte de los casi 200 millones de euros que se recaudan anualmente. Sin embargo, la comisión de expertos nombrada para informar respecto del cambio de modelo de financiación autonómica, al analizar este impuesto, ya determinó de forma unánime que es necesario no sólo mantenerlo, sino también establecer unos niveles mínimos de tributación que impidan que una espiral de competencia a la baja pueda acabar con la desaparición del tributo para transmisiones entre familiares directos.

Esta competencia fiscal a la baja entre comunidades también ha salpicado al impuesto sobre Patrimonio, donde en territorios como Madrid ya ha desaparecido y ha causado la pérdida de casi 1.000 millones de euros en el último año. Si el resto de las autonomías sigue este sendero, se produciría un descenso en la recaudación que repercutiría en los ciudadanos, quienes tendrían que compensar con dinero de sus bolsillos esa pérdida de ingresos, a través de otros impuestos o de las consecuencias del aumento del endeudamiento, como ya están haciendo algunas regiones.

Junto a estas cuestiones, otra de las consecuencias de una repetición electoral sería el retraso de la urgente reforma del caducado modelo de financiación autonómica, que tal y como está diseñado actualmente mantiene congelados cerca de 5.000 millones correspondientes a las entregas a cuenta, una cantidad lo suficientemente abultada para impedir a varias de ellas cumplir con sus objetivos de déficit.

Y es que el problema de la financiación autonómica está inevitablemente relacionado con los impuestos, ya sean los propios o los cedidos por el Estado; un capítulo importante dado el principio de corresponsabilidad fiscal que se deduce de la Constitución.

Las autonomías son las responsables de las partidas más importantes que garantizan nuestro Estado del Bienestar, asumiendo el gasto en educación, sanidad o dependencia, por ejemplo. Por ello, el retraso en la toma de medidas en cuanto a la financiación autonómica provoca temblores en sus cimientos, puesto que sigue habiendo agujeros en el sistema y recortes en los recursos económicos de los que disponen.

En este sentido, no nos engañemos, pues las principales víctimas de los problemas derivados del actual modelo, como el que ahora se ha planteado con los anticipos a cuenta, son los propios ciudadanos, quienes sufrimos en nuestras carnes esos recortes del gasto, algo que se evitaría con esta reforma integral y en profundidad del sistema. Pero, para ello, se necesita un Gobierno estable, con mayoría en el Congreso y capacidad de negociación con las comunidades autónomas. Y por desgracia, en estos momentos, resulta un tanto utópico.

Carlos Cruzado es Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

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