Regulación

California ultima una ley que reconoce como empleados a los conductores de Uber

Dar protección a sus trabajadores elevaría en más de 2.000 millones los costes a Uber y Lyft. Estas empresas temen que la nueva normativa se extienda a otros países.

California ultima una ley que reconoce como empleados a los conductores de Uber
Getty Images

California asesta un duro golpe a Uber y a Lyft, y a la llamada gig economy. La Asamblea estatal de California (EE UU) votó este miércoles a favor de obligar a estas y otras compañías de la economía colaborativa a contratar formalmente como empleados a sus conductores, algo que ya cuenta con el apoyo del Senado estatal y que pasará a ser ley cuando la firme el gobernador, informó Efe. Con 56 votos a favor y 15 en contra, la Asamblea, dominada por el Partido Demócrata, se posicionó a favor de la bautizada como proposición AB5, que también fue validada el martes por el Senado y que cuenta con el apoyo público del gobernador, Gavin Newsom.

La nueva ley, que pone en cuestión el modelo laboral de estas compañías, puede tener un gran impacto para las empresas afectadas, pues según explica en su blog el profesor del IE Business School Enrique Dans, “se espera que dicha legislación se convierta en inspiración para establecer una regulación similar en muchos otros países” y en otros estados de EE UU.

En la actualidad, estas y otras empresas (en España, Glovo y Deliveroo entre ellas) clasifican a quienes trabajan para ellas como contratistas independientes o autónomos, lo que les permite no tener que pagarles un salario fijo ni ofrecerles los beneficios que sí les corresponderían si fuesen empleados con contrato.

El texto aprobado por las dos Cámaras de la legislatura estatal introduce cambios legales que dificultan mucho que estas empresas puedan seguir considerando a quienes trabajan para ellas contratistas independientes y en muchos casos se verán forzadas a contratarles. Según un informe de Barclays y Macquarie Capital, dar protección a sus trabajadores costaría a Uber y Lyft entre 2.000 y 3.600 millones de dólares al año (500 millones solo en California). Una situación que impactaría negativamente en las cuentas de Uber y Lyft y, previsiblemente, en su valor en Bolsa.

La demócrata Lorena Gonzalez, ponente de la ley, aseguró que “el Senado estatal lo ha dejado claro: su negocio [el de estas empresas de la economía de plataforma] no puede basarse en el juego de clasificar erróneamente a los trabajadores. Como legisladores, nuestra buena conciencia no puede permitir que las empresas ahorren y pasen parte de sus gastos a costa de los contribuyentes y trabajadores”.

Dans cuenta que lo que pretende la AB5 es sentar la diferencia entre un trabajador independiente y un empleado de pleno derecho y fijar la diferencia en función de tres criterios fundamentales. “Así, un trabajador podrá ser contratado como contratista independiente cuando esté libre del control y la dirección de la entidad contratante en relación con el desempeño del trabajo, cuando realice un trabajo que esté fuera del curso habitual del negocio de la entidad contratante, y cuando se dedique habitualmente a un comercio, ocupación o negocio establecido independientemente, de la misma naturaleza que el trabajo realizado para la entidad contratante”, explica.

Las voces de Uber y Lyft se hicieron escuchar tras aprobarse el proyecto de ley. El jefe para asuntos legales de Uber, Tony West, señaló a los periodistas que su compañía no reclasificará a los conductores como empleados, pues considera que puede demostrar incluso bajo la nueva ley su condición de contratistas. “AB5 inserta en el código laboral de California un nuevo test legal que debe usarse cuando se determina si un trabajador es clasificado como contratista independiente o empleado. Avanzamos que seguiremos dando respuesta a las acusaciones de clasificación errónea incluso en las cortes si es necesario”, añadió.

También Lyft defendió en un comunicado que “el liderazgo político de nuestro estado ha perdido una oportunidad importante para dar su apoyo a la gran mayoría de conductores de las empresas de transporte bajo demanda que quieren una solución sensata que tenga en cuenta tanto la flexibilidad laboral como el salario y los beneficios”.

Lobby para un referéndum

Las campañas de lobby de Uber y Lyft no han logrado frenar la norma, aunque el gobernador Gavin Newsom asegura estar abierto a la negociación. Uber, Lyft y DoorDash ya han anunciado que dedicarán hasta 90 millones de dólares entre las tres para promover que la decisión final sobre esta ley recaiga en los votantes californianos mediante un referéndum el año que viene si no logran antes algunas enmiendas en el texto.

Se calcula que en torno a un millón de personas trabajan como contratistas independientes en el sector de la economía colaborativa en California, donde Uber y Lyft tienen sus sedes. Uber tiene 3,9 millones de conductores en todo el mundo. La norma de California recoge que la uberización de la economía “ha sido un factor importante en la erosión de la clase media y el aumento de la desigualdad”.

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