Una estrategia fiscal para España que no se limite a cubrir goteras
La economía española ha entrado en el siglo XXI sin disponer de un modelo tributario integral
La pregunta acerca de qué modelo fiscal necesita España para satisfacer las necesidades de financiación del Estado y al tiempo no desincentivar en exceso la inversión y el ahorro ha generado en los últimos años debates encendidos y recurrentes, como corresponde a una asignatura que hasta el momento ningún Gobierno ha tenido agallas suficientes como para abordar. Como coincidieron los cuatro expertos reunidos en un encuentro sobre fiscalidad personal, empresarial y digital organizado por este periódico en colaboración con Banco Santander, España ha entrado en pleno siglo XXI sin disponer de un modelo fiscal integral.
Una seria carencia que hemos cubierto malamente con un sistema tributario laberíntico, complejo e ineficiente, forjado a base de parches y remiendos y fruto de sucesivas reformas y concesiones a colectivos diversos. Como consecuencia de esa heterogeneidad, la Hacienda pública española se asemeja a una casa llena de goteras en la que llueve en casi todas las habitaciones, desde el IVA al IRPF, pasando por Sociedades, la fiscalidad del ahorro o el modelo de tributación de los autónomos. A esas deficiencias casi crónicas hay que sumar ahora los nuevos retos que plantea una economía cada vez más digitalizada, que obliga a repensar y reformar unos modelos fiscales que fueron pensados para unas realidades que hoy están en constante transformación.
Mientras existen cuestiones que admiten enfoques diversos –elevar o no la fiscalidad del ahorro o optar por gravar las rentas gastadas en lugar de las generadas en el ámbito digital– existe un consenso casi generalizado sobre la necesidad de simplificar y racionalizar el sistema tributario español para poner orden en el intransitable bosque de deducciones y de tipos reducidos que lo componen, así como de diseñar una fiscalidad más moderna y eficiente para el colectivo de autónomos, entre otras cuestiones.
La frecuente supremacía de los intereses políticos y los peajes electoralistas sobre los criterios técnicos ha sido el principal escollo para llevar a cabo esta tarea y constituye uno de los grandes puntos flacos de nuestra regulación tributaria. Propuestas como las de impulsar, de forma unilateral y sin esperar a la adopción de un criterio coordinado con otros países, una tasa Tobin para las transacciones financieras y una tasa Google para la economía digital son dos ejemplos paradigmáticos de una estrategia fiscal forjada a trompicones que el próximo Gobierno debería aspirar a cambiar por un proyecto racional y lo más consensuado posible de modelo fiscal integral para el país.