Bruselas detecta que el Supremo evitó elevar al TJUE más de 60 causas de interinos que piden plaza fija
La Comisión Europea denuncia que el alto tribunal estaba obligado a consultar a la Corte de Luxemburgo en todos los casos
El caso de los miles de interinos de la administración pública española que han optado por reclamar judicialmente una plaza fija tras años cubriendo puestos en situación de temporalidad está a punto de ser abordado por la justicia europea. El asunto, sin embargo, debía haber llegado ante la Corte comunitaria hace años pero no lo hizo porque el Tribunal Supremo incumplió sus obligaciones.
Así lo ha denunciado la Comisión Europea en un escrito de respuesta a uno de los litigantes en el que reconoce que el alto tribunal evitó trasladar las cuestiones prejudiciales requeridas por los interinos en más de 60 casos de forma injustificada, como avanzaba este martes El Confidencial.
“Hemos identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia”, recoge el escrito de Bruselas, al que ha tenido acceso este diario, que se emitió el pasado 20 de junio tras una consulta remitida a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.
“De acuerdo con el artículo 267 TFUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justica de la UE”, prosigue el escrito, que considera que la justificación del tribunal de que la causa estaba ya clara “no era aplicable”.
Las consultas a la Corte de Luxemburgo no pueden elevarlas los demandantes o sus abogados, sino que dependen exclusivamente del criterio del juez. Sin embargo, aunque en primera instancia la decisión recae únicamente en este, en instancias superiores los magistrados están obligados salvo que el TJUE ya haya aclarado el asunto en cuestión, explica a este diario Josep Jover, el letrado que impulsó la consulta a la Comisión Europea.
Jover defiende a un juez de la Audiencia Provincial de Barcelona que tras varios lustros ocupando una plaza en situación de interinidad decidió acudir a la justicia para solicitar que se le reconozca un puesto fijo. En la batalla judicial que emprendió, el juez acabó solicitando al Supremo que presentara una cuestión prejudicial sobre esta materia ante la Corte Europea.
El Supremo, sin embargo, se negó, como ahora se revela que hizo en al menos otras seis decenas de casos similares. Jover avanza que, con la respuesta de la Comisión Europea en la mano, presentará ahora una demanda contra el Estado español alegando que uno de sus poderes, el judicial, incumplió sus obligaciones.
A partir de ahí, asume que si se derivan responsabilidades penales por prevaricación, acuerdo para incumplir la ley y daños a los afectados, los magistrados del Supremo que tomaron la decisión de bloquear las cuestiones prejudiciales deberán de sentarse en el banquillo.
Más allá, Jover ha solicitado a Bruselas que notifique a todos los afectados por la decisión del Supremo que sus cuestiones prejudiciales debieron elevarse a Luxemburgo para que puedan demandar al Estado y solicitar al menos una compensación.
Después de todo, el asunto de los interinos ha acabado por llegar al TJUE por otra vía, una doble causa sobre personal sanitario de la Comunidad de Madrid, y su resolución se espera para después del verano.
Sin embargo, aunque la Corte europea dictaminara en favor de los interinos, su fallo no beneficiaría a aquellos que ya habían litigado y obtuvieron un fallo en firme en contra, lo que se podría haber evitado si el Supremo hubiese elevado su consulta hace años, expone Jover, que considera que puede haber 50.000 casos de este tipo.
Actualmente hay más de 5.500 demandas de interinos pendientes de resolución y esperanzados en que la regulación europea les ampare. Un fallo en su favor podría terminar beneficiando a más de 800.000 miembros del colectivo.
