La transición a un nuevo modelo de desarrollo económico

Las empresas que inviertan en reducir e informar del impacto ambiental serán mejor valoradas

La transición a un nuevo modelo de desarrollo económico

La década que dará comienzo en 2020 va a ser decisiva en materia de transición ecológica. La transición hacia una economía baja en emisiones de carbono supone involucrar a todos los actores implicados, entre ellos Gobiernos, empresas y usuarios, así como entidades financieras e inversores. Según la organización sin ánimo de lucro CDP Worldwide, el 80% de las empresas europeas son conscientes de la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático, el 72% tendrán en cuenta diferentes escenarios climáticos para diseñar sus estrategias de negocio a partir de 2020 y el 39% ya lo están haciendo a día de hoy.

Muchos inversores están interesados en productos financieros sostenibles y basan sus decisiones de inversión en factores relacionados con aspectos sociales y medioambientales. Una forma de ser sostenible es preguntarse ¿dónde estoy invirtiendo?, o ¿cómo se financian las empresas en las que invierto? El sector financiero debe ser capaz de hacer frente a estas nuevas demandas y entender que este nuevo modelo de negocio no tiene que suponer una menor rentabilidad.

La Comisión Europea define las finanzas sostenibles como aquellas que tienen “en cuenta las cuestiones ambientales y sociales en las decisiones de inversión”. Este término está necesariamente ligado al largo plazo, por lo que la inversión en proyectos sostenibles debe vincularse en el tiempo a los denominados factores ESG (environmental, social and governance). Es decir, a actividades que supongan un freno al cambio climático, que permitan un mayor desarrollo de aspectos sociales y que contribuyan a un buen gobierno corporativo de entidades públicas y privadas.

Los bonos verdes es una forma de financiación sostenible. Según los Green Bond Principles (GDP), que promueven la integridad del mercado de bonos verdes, “los bonos verdes son cualquier tipo de bono cuyos fondos se destinan de manera exclusiva a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos y/o existentes”, relacionados con energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales, seguridad hídrica, conservación de la biodiversidad, transporte limpio, adaptación al cambio climático, productos adaptados a la economía circular o edificios ecológicos, sin estar limitados a estas categorías. El volumen de emisiones de bonos verdes en el mundo alcanzó, en 2018, los 167.000 millones de dólares, con una cuota de mercado que se reparte principalmente entre Estados Unidos (20%), China (18%), Francia (8%), Alemania (5%) y Holanda (4%).

El primer bono verde español se emitió en 2014 por Iberdrola, que sentó un precedente importante y se ha convertido en el mayor emisor de bonos verdes en nuestro país y el tercer mayor emisor de Europa. La primera emisión del sector público español fue en 2017 por parte de Adif Alta Velocidad, con la que se financió la construcción de cinco líneas ferroviarias de AVE.

La diferencia más significativa entre los bonos verdes y otros bonos regulares es que el objetivo de los primeros es financiar proyectos de inversión sociales y medioambientales, por lo que la utilización de un método de evaluación transparente y fiable del proyecto de inversión es fundamental para evitar el greenwhashing. Uno de los puntos débiles de la normativa actual es la clasificación y distinción de las actividades que se pueden considerar sostenibles y las que no.

Dada la falta de regulación, son las empresas las que están tomando la iniciativa. CDP Worldwide realiza una evaluación anual del desempeño climático de empresas de todos los sectores. En 2018 se analizaron 859 empresas de 24 países europeos a través de una serie de cuestionarios en los que las empresas informan y evalúan sus riesgos y oportunidades en relación con el cambio climático, la protección de los bosques y la gestión del agua. The A list o Lista A está formada por las empresas que obtienen una calificación A en la gestión del clima, el agua y los bosques, por lo que algunas pueden llegar a alcanzar una calificación triple A si puntúan en los tres aspectos, como puede ser Firmenich y L’Oréal. Las empresas españolas incluidas en esta lista, con una A, son: Acciona, Ferrovial, Grupo Logista, Naturgy Energy Group y Telefónica (CDP Worldwide, 2019).

Sin duda, estamos en un momento decisivo. La inclusión de factores ESG en el proceso de análisis de inversiones es una realidad y las empresas que inviertan en la reducción de su impacto social y medioambiental, midan dicho impacto e informen sobre ello de manera transparente serán mejor valoradas en los mercados. El modelo actual de desarrollo económico está en pleno cambio y ya no hay vuelta atrás en esta transición verde.

Sonia Marcos Naveira es Profesora de la Universidad de Burgos. Primer accésit del Premio AECA de Artículos 2019 (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas)

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