El Banco de España cree que la ley hipotecaria rebajará las reclamaciones de la clientela contra la banca

Seis de cada 10 quejas hipotecarias se centran en los gastos si bien la judicialización de este asunto rebaja a la mitad la contestación de los consumidores en 2018

ley hipotecaria
Sede del Banco de España.

Las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios son un asunto que no solo ha colapsado los juzgados españoles si no también el servicio de reclamaciones del Banco de España, como demuestra la memoria anual del ejercicio 2018 publicada este miércoles por el supervisor financiero.

La contestación de los consumidores, que alcanzó máximos en 2017 con 40.176 quejas tramitadas por el Banco de España, descendió el año pasado a la mitad -como ya avanzó este diario en enero- ante los pronunciamientos judiciales en torno a algunas de las condiciones hipotecarias más polémicas reduciendo el monto final a solo 19.695.

El supervisor bancario asume que la tendencia continuará a la baja y se acentuará ahora que la nueva reforma hipotecaria, en vigor desde mediados de junio, impone nuevas obligaciones de transparencia al sector financiero en la comercialización de los créditos para la compra de vivienda.

“La nueva regulación hipotecaria debería permitir que la incidencia en litigiosidad judicial como en relaciones se reduzca notablemente”, ha sostenido este miércoles Fernando Tejada, responsable del departamento de reclamaciones del supervisor, que confía en las ventajas de “un mecanismo más cerrado de transparencia”.

De momento, en 2018 las reclamaciones hipotecarias se redujeron un 67,4%, hasta las 10.645, pasando de ser un 81,4% del total en 2017 a solo un 54%. Dentro de este apartado, en todo caso, los gastos de constitución de los créditos fueron los grandes protagonistas, al ser objeto de seis de cada 10 quejas frente al 2,9% que pesan ya solo las cláusulas suelo, responsables del boom de reclamaciones de 2013 (cuando se alcanzó el récord anterior con 34.645).

Aún así, el descenso frente a 2017 viene dado por los pronunciamientos del Supremo en contra de la clientela en el asunto del reparto de gastos hipotecarios, que en febrero del año pasado dictaminó que el consumidor debía cubrir el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el apartado que más pesa en la factura de constitución del préstamo.

El alto tribunal dictaminó luego en contra de la banca en octubre pero acabó corrigiéndose de nuevo en noviembre, lo que llevó al Gobierno a decretar que sería la banca quien pasara a pagar el impuesto.

Esta nueva regla ha quedado refrendada luego en la nueva reforma hipotecaria que además carga a las entidades todos los demás gastos de notaría, registro y gestoría, dejando solo el de tasación a cargo del cliente.

Resuelto este aspecto, que ha sido el principal asunto tratado en las reclamaciones tramitadas por el Banco de España en los últimos años, el supervisor confía en que el volumen de quejas descienda claramente.

Está por ver, en todo caso, si las nuevas obligaciones que la regulación impone a la banca darán pie a nuevos tipos de reclamaciones en el futuro. Estas, eso sí, podrían pasar ya a manos de la nueva autoridad de protección del consumidor bancario que tiene previsto impulsar el Gobierno del PSOE, si tiene éxito en la investidura de Pedro Sánchez.

Uno de los principales objetivos de este organismo que viene diseñando la ministra de Economía, Nadia Calviño, sería hacer vinculantes para la banca los pronunciamientos de la autoridad, pues las decisiones que toma ahora el supervisor no lo son.

Así, aunque el Banco de España da la razón al cliente en siete de cada 10 reclamaciones, la banca solo acaba rectificando su actuación en el 70,6% de estos casos. Con todo, la cifra ha mejorado notablemente en los últimos años, duplicándose prácticamente en un lustro.

El supervisor achaca esta mejora al toque de atención generalizado hecho a las entidades al difundirse su bajo nivel de rectificaciones y asevera que mantiene una “elevada presión” sobre las entidades que siguen incumpliendo sus dictámenes para que mejoren su actitud.

Como resultado de las resoluciones del Banco de España, la banca ha devuelto cerca de 13 millones de euros a sus clientes en los últimos cinco años, de los que 2,6 millones (a razón de 392,79 euros de media por consumidor) se saldaron en 2018.

Normas