El abogado, figura clave en la lucha contra los ciberdelitos

Los expertos constatan la falta de entendimiento de este fenómeno por los operadores jurídicos: "Los jueces no están especializados"

Escarlata Gutiérrez, fiscal experta en criminalidad informática, Juan Antonio Rodríguez, jefe del departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y autor de la publicación, Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer en España y Portugal y el moderador, Óscar Morales, socio de Uría Menéndez.
Escarlata Gutiérrez, fiscal experta en criminalidad informática, Juan Antonio Rodríguez, jefe del departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y autor de la publicación, Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer en España y Portugal y el moderador, Óscar Morales, socio de Uría Menéndez.

Es fundamental que, desde el minuto cero, junto un técnico en ciberseguridad, haya un abogado”. Con esta afirmación concluyó ayer Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y doctor en Derecho, su intervención en la presentación de su libro Delitos 2.0: Aspectos penales, procesales y de seguridad de los ciberdelitos, editado por Wolters Kluwer, que acogió la sede Uría Menéndez. Y lo hacía para reflejar la ya más que establecida realidad del cibercrimen en todos sus ángulos y que constituye uno de los desafíos centrales del derecho y de la sociedad. “Ya no va a hacer falta hablar de ciberdelitos, sino de delitos a secas”, sentenció.

En este contexto, el experto, tras hacer un minucioso recorrido por la estructura de su obra, afirmó que la importancia de la economía digital, de los robots y los datos es tal que “no podemos prescindir del Derecho”. Más aún cuando, a su juicio, actualmente el “homo digitalis” cuenta con nuevos derechos fundamentales del entorno digital. Por ejemplo, el de acceso a Internet y el derecho fundamental a la integridad y a la reserva de los sistemas informáticos. “El Tribunal Supremo ya lo ha ido apuntando con lo que denomina derecho al entorno virtual”, afirmó.

Escarlata Gutiérrez, fiscal especializada en criminalidad informática, sobre todo de delitos contra la intimidad cometidos en las redes sociales, celebró la idea plasmada en el libro de crear una Policía Judicial dependiente del Ministerio Fiscal para combatir más eficazmente el cibercrimen, sobre todo, por las características de los delitos y la volatilidad de la prueba. Esto lo reclama dada la especialización de los fiscales en determinadas materias como la tecnológica, algo que no ocurre, por ejemplo, en los jueces. “No están especializados. Los operadores jurídicos no lo entienden bien", explicó la fiscal.

Además, puso el acento en uno de los mayores retos: combatir la rentabilidad del ciberdelito. Así, confesó que ya no solo no se denuncia porque la sanción sea muy poco probable, sino también porque para las grandes empresas “queda mal decir que han tenido un ciberataque”. ¿Otro de los retos? Gutiérrez apunta hacia la investigación, cooperación y la dotación de medios tanto a la Policía como a la Justicia que cuenta con una “sobrecarga tremenda”. “Los ciberdelincuentes van en un cochazo y nosotros en un 600”, declaró.

Para terminar, recordó la importancia de la adopción inmediata de medidas cautelares, especialmente para evitar la continuidad de la infracción a los derechos de los ciudadanos y la persistencia de los efectos del delito.

Globalización del crimen

Cómo meter en prisión a un grupo de ciberdelincuentes que infecta el software de un banco para robar dinero cuando el ataque se produce desde Nigeria pero la dirección IP del terminal está en Turquía, como es evidente, es muy complicado y requiere de rapidez y cooperación. Precisamente por esto Juan Antonio Rodríguez, jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, comenzó su intervención recordando que el cibercrimen no es más que “la globalización del crimen” con toda su complejidad e hizo hincapié en uno de los medios para delinquir más habituales: las criptodivisas. ¿Por qué? Porque permiten el “completo anonimato de intercambio de activos”, aseguró el coronel, tal y como ocurre con numerosos secuestros en los que piden que la recompensa se haga con criptodivisas cuya trazabilidad es imposible.

‘Phishing' del CEO

Esto no solo repercute en particulares, sino también en empresas del IBEX 35 y a nivel internacional. En este punto se detuvo el moderador del acto, Óscar Morales, socio de Uría Menéndez, doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal. Una actividad que según el abogado ha tenido un “incremento significativo” y que preocupan a los grandes despachos de abogados y sus clientes, las grandes empresas. Consiste en la suplantación de la identidad de altos directivos para conseguir transferencias por parte de empleados o terceros encargados de las cuestiones bancarias de la empresa en un momento en el que se está cerrando una operación mercantil y se ordena la orden final de pago.

Sobre cómo minimizar sus consecuencias, Rodriguez (coronel de la Guardia Civil) apuntó hacia reforzar las medidas de prevención, actuar con la máxima celeridad posible y con la máxima cooperación entre los diferentes organismos intervinientes (empresas, despachos y cuerpos policiales).

Finalmente, Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer en España y Portugal, manifestó en su presentación que apostar por una obra así fue “una de las decisiones más fáciles” y que complementa al éxito editorial que sucede a los libros ya publicados por el autor sobre Derecho de los Drones, y Derecho de los Robots, y la reciente obra sobre Legaltech: la transformación digital de la abogacía. Temas que, según comentó el CEO de la compañía, no siempre están regulados, pero que “contribuyen a responder a las inquietudes del sector y de la comunidad jurídica”.

“Para Wolters Kluwer el atractivo de estas novedosas propuestas editoriales no solo tienen interés para satisfacer las necesidades de nuestros clientes profesionales del derecho, sino que tienen una profunda conexión con la propia transformación digital de la compañía como proveedor de tecnología experta a medida para los operadores del sector jurídico y legal”, expresó Sánchez.

Como conclusión, añadió que dos de cada tres usuarios han sufrido un robo de su información personal, y según datos de la Guardia Civil, el ciberdelito ha crecido más de un 50%. “Divulgar se convierte en una necesidad y un deber”, afirmó.


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