Las constructoras no cotizadas de Anci se quejan de su caída en la contratación pública
La asociación reclama licitaciones de obra de menor volumen para fomentar la competencia
La asociación de constructoras Anci, que agrupa a 25 de las mayores compañías españolas no cotizadas del sector de las infraestructuras, ha cargado esta mañana contra el resultado de la licitación de obra pública en 2018.
Su presidente, Jaime Lamo de Espinosa, ha tildado de anómala una coyuntura en la que sus representadas obtuvieron un 15,4% del volumen licitado. La cuota fue del 27,7% en 2016 y ya había bajado al 20% en 2017: "Lo contrario ha ocurrido en el grupo de grandes empresas que han concentrado una gran parte de las adjudicaciones ministeriales", ha afirmado en referencia al colectivo de grandes constructoras de Seopan.
Lamo de Espinosa ha remarcado que, pese al proceso de internacionalización del sector, España es y seguirá siendo el mercado principal de las constructoras de Anci, entre las que se encuentran referencias como Copasa, Sando, Rubau y Rover. "Anci no puede sino manifestar su extrañeza ante esa anómala coyuntura, porque no se ha conocido en el mercado elemento disruptivo alguno que pudiera explicar semejante alteración, salvo que los elevados importes de las obras licitadas, que reduce el número de posibles concursantes y de posibles adjudicatarios, estén favoreciendo indirectamente esta evolución".
Tras exigir soluciones y aseverar que el tamaño de una empresa no debe ser decisivo en la resolución de los concursos públicos, el presidente de Anci ha reconocido que ya en 2019 "esta tendencia viene cambiando algo".
Incertidumbre
Si para Anci 2018 ha sido un mal año por el menor protagonismo en el mercado doméstico, el presente 2019 tiene visos de convertirse en un ejercicio "fallido" ante la falta de Presupuestos y con el Gobierno por constituirse aún: "El hueco presupuestario que se creó para licitar obras de carreteras se está cerrando y no se prevén muchas nuevas inversiones".
Desde Anci se vuelven a urgir pactos de Estado en materia de Infraestructuras de transporte y aguas; se reconoce una mayor sensibilidad política hacía el pago por uso, y se pide que la colaboración público-privada tenga una remuneración en los niveles del mercado para los inversores. Sobre este último asunto, el colectivo reclama que se busquen vías alternativas a las limitaciones a la rentabilidad de los proyectos fijadas por la Ley de Desindexación.
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