Victoria Ortega: “Sería bueno tener a una abogada al frente de Justicia”

“¿El registro horario en los despachos? Debemos esperar a conocer el informe del grupo de trabajo”

 Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

La abogacía vive tiempos convulsos. Existe la sensación generalizada de que hay que prepararse para el cambio, pero pocos o ninguno saben concretar en qué consistirá ese cambio. Transformación digital, bienes­tar, ética o igualdad son solo algunos de los retos que tiene sobre la mesa la profesión, unas materias en las que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) está poniendo todo su empeño en contribuir a la modernización de despachos y letrados. A todo ello, la inminente formación de un nuevo Gobierno o los cambios le­gislativos, especialmente en materia laboral, también preocupan a su presidenta, Victoria Ortega, quien, sin embargo, se muestra razonablemente optimista en el futuro.

Hay una importante controversia en torno al registro horario y su aplicación en los despachos. ¿Cuál será la posición final del CGAE?

En estos momentos, siendo un tema más complejo de lo que podría parecer y por una sencilla razón de prudencia, prefiero esperar al resultado del informe que emita el grupo de trabajo que hemos creado en el Consejo.

El reciente Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en Valladolid, puso el foco en la transformación digital. ¿Se ha logrado cambiar la percepción de los abogados para que vean la tecnología como una aliada y no como una amenaza?

El futuro de la abogacía pasa por su transformación digital y por su capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, aprovechando las enormes oportunidades que ofrecen. De todo ello nos ocupamos en Valladolid porque estamos en un tiempo de cambios profundos en el que no podemos quedarnos atrás ni al margen. Nuestros abogados y abogadas lo tienen claro y por amplísima mayoría nos están diciendo que las tecnologías son indispensables para el desarrollo de su labor.

Durante el Congreso, se presentó el informe Abogacía Futura 2020: áreas de negocio emergentes, en el que se abordan los nuevos nichos de negocio de los abogados a raíz de los avances tecnológicos más disruptivos. ¿Es esto una prueba de que el progreso es creador de oportunidades? No obstante, hará falta un esfuerzo de aprendizaje y adaptación, ¿no?

Respondo a ambas preguntas con un sí categórico. El progreso es generador de oportunidades, pero solo si se identifican bien y se aprovechan con inteligencia y responsabilidad. Para poder hacerlo necesitábamos disponer de un buen análisis de diagnóstico, de un riguroso trabajo de campo que hasta ahora no teníamos porque no se había hecho. Esa es la razón del informe Abogacía Futura. Evidentemente, respondiendo a la segunda pregunta, tendremos que multiplicar esfuerzos para seguir el ritmo que impone la transformación digital, porque se trata de una cultura del cambio en constante proceso de implantación. En eso estamos inmersos ahora mismo los Colegios y los Consejos de la Abogacía, liderando proyectos y apoyando a nuestros colegiados y colegiadas para que la transformación digital no implique una brecha en el ejercicio profesional, sino una ventaja competitiva (pinche aquí para acceder al informe completo).

¿Qué ventajas y qué dificultades detecta en la abogacía para afrontar la transformación digital?

Los avances tecnológicos generan incertidumbres en el ejercicio de la profesión, pero también nuevas necesidades legales que hay que atender y sobre las que hemos debatido para buscar soluciones. Si algo caracteriza a nuestra profesión es su espíritu dinámico y creativo, con plena capacidad para adaptarse a las nuevas realidades y superar las dificultades de los avances tecnológicos.

¿Existe una brecha digital entre los despachos grandes y los pequeños?

Es evidente que existe una diferencia en el uso de las nuevas tecnologías entre un despacho con cerca de 2.000 profesionales y un bufete gestionado por uno o varios compañeros. Sin embargo, ambos están concienciados en que las nuevas tecnologías son una oportunidad tanto de negocio como a la hora de gestionar sus bufetes. La abogacía institucional apuesta por la igualdad de armas. Para ello, hemos puesto en marcha medidas como la biblioteca digital o la plataforma de formación online.

Estamos en vísperas de la conformación de un nuevo Gobierno. ¿Qué le pide la abogacía al nuevo Ejecutivo?

Es urgente que la justicia se sitúe, de una vez por todas, en la agenda de prioridades políticas del Ejecutivo y del legislador. Y esa agenda debería incluir la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la actualización de baremos y pagos puntuales para dignificar el turno de oficio, la reforma del sistema de acceso y un nuevo Estatuto de la Abogacía, entre otras cosas. Asimismo, el nuevo Gobierno debería contar con la abogacía en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad, facilitando la conciliación en el ejercicio profesional, que buena falta hace. Eso podría empezarse, por ejemplo, suspendiendo procedimientos y vistas por razones de maternidad o enfermedad.

¿Vería positivo que el nuevo ministro de Justicia fuera abogado?

Naturalmente que sí, abogado o abogada, porque en España tenemos un plantel de extraordinarias abogadas altamente cualificadas para desempeñar un puesto de tanta responsabilidad. Y también que en la elección del próximo Consejo General del Poder Judicial, la abogacía institucional pudiera presentar también candidatos y candidatas para cumplir lo que está establecido en la ley: que entre sus vocales haya “abogados y juristas”.

¿Confía en que el nuevo Gobierno les otorgue un mayor papel a la hora de legislar?

Somos un sector que tiene que estar presente desde el principio mismo del proceso de elaboración de las leyes. Estas se hacen para resolver problemas y la abogacía las conoce a la perfección porque acompañamos a la sociedad en su cotidianidad, pulsamos en tiempo real sus inquietudes y sabemos no solo cuáles son los males a resolver, sino las mejores respuestas para hacerlo. De no ser así, las leyes seguirán naciendo con una merma para resolver los problemas de la sociedad, que es lo que de verdad importa a la gente.

La Declaración de Valladolid pedía un gran pacto de Estado por la justicia. ¿Lo considera posible o cree que, una vez más, quedará en nada?

Esa es otra de las reclamaciones unánimes de todos los colectivos que formamos parte de la justicia. Sin embargo, su impulso no depende ya de nosotros, sino de una clase política que debería estar a la altura de las circunstancias y de la gravedad del problema. Solo hace falta verdadero interés y voluntad de consenso para llegar a acuerdos, y si no son capaces de ello, al menos que lo sean para esas reformas concretas que antes apuntaba.

¿Qué aportará el nuevo código deontológico a la profesión?

Entre otras muchas cosas, servirá como referente para que podamos seguir proporcionando servicios con las máximas garantías profesionales y de calidad. En estos tiempos donde la seguridad y la confianza son factores que generan valor, era vital que desde la profesión también nos reforzásemos en ese sentido, siendo exigentes con nosotros mismos y elevando aún más nuestro compromiso con la transparencia, la integridad, la independencia y la honradez.

Hace unos días recibió a una representación del Instituto de Salud Mental de la Abogacía (ISMA). ¿Firmarán la Carta de Negocios Saludables? ¿Deben dar un paso adelante los despachos en bienestar?

La abogacía es una profesión que exige una intensa y constante dedicación. No obstante, no creo que tengamos unas condiciones de salud, tanto física como mental, diferentes o peores que las de otras profesiones. Pero todo lo que se haga para favorecer medidas de conciliación, unidas a la mejora de los sistemas de gestión profesional, beneficiará a los profesionales y, por ende, a sus clientes.

Pinche aquí para acceder al informe Abogacía Futura.

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