Las elecciones municipales y los retos de la movilidad

Entre los dificultades que habrá que resolver figura la burbuja que se está creando en el sector

La movilidad urbana es quizá el asunto de política municipal más relevante a día de hoy, sobre todo en las grandes ciudades. No hay prácticamente ningún alcaldable que no lleve, entre su tres o cuatro principales propuestas electorales, alguna medida estrella en relación a este tema. Los ciudadanos lo sitúan entre sus principales demandas, acapara el tiempo de los debates y, sin duda, los nuevos equipos de gobierno municipales van a tener en la movilidad uno de sus principales retos de gestión durante los próximos cuatro años.

A los motivos históricos de importancia de la política de movilidad se unen ahora tres factores que le otorgan, a nuestro juicio, este papel protagonista: el ineludible reto medioambiental, la transformación del urbanismo en los centros históricos -peatonalización, pacificación del tráfico y turistificación de entorno- y la proliferación de servicios de movilidad.

En su ámbito territorial los ayuntamientos, en virtud del reparto constitucional de competencias desarrollado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, poseen, entre otras, las competencias en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, así como de transporte colectivo urbano, e igualmente, en materia de medio ambiente urbano, incluyendo en particular protección contra la contaminación atmosférica en las zonas urbanas. Otras normas como la Ley de Economía Sostenible y las diversas leyes de Transporte Terrestre, estatal y autonómicas, les otorgan un amplio margen para regular estas actividades y nuevos servicios desde una óptica muy pegada al terreno y a la particular realidad de cada localidad.

Obviamente cada partido político cuenta con su particular sesgo ideológico sobre estos asuntos, y son precisamente las medidas cargadas de este componente las más controvertidas y las que más movilizan o penalizan el voto. Las medidas restrictivas de la circulación y la tarificación del uso del dominio público viario -en perjuicio del automóvil privado, santificado desde hace décadas por la publicidad de sus fabricantes como mito de la libertad individual-, son, a día de hoy, las soluciones más adoptadas por las grandes ciudades que, aunque se emplean como dogma, está por ver si constituyen acierto o error respecto a la calidad de vida de los ciudadanos y de la economía de las urbes.

No obstante, a todo ello se sobreponen las circunstancias particulares de cada ciudad, donde existen realidades imperativas e insoslayables que los nuevos ediles tendrán que abordar, y, entre ellas figura la citada proliferación de servicios de movilidad que será necesario ordenar y regular adecuadamente, cumpliendo en primer lugar con la Ley, pero también con el sentido común y poniendo siempre en el eje del debate a los ciudadanos y usuarios de aquellos.

A parte de las pautas y comentarios que ya hicimos en otro artículo sobre el camino de municipal de la guerra del taxi, para obtener una convivencia equilibrada entre los transportes urbanos tradicionales y los recién llegados, se debería tomar como criterio clave la titularidad y el modo de gestión de dichos servicios. La distinción entre la gestión pública y privada, así como el uso de la tecnología en la intermediación para la prestación de los servicios de movilidad, es un aspecto que va a resultar determinante para la configuración de nuestras ciudades y también para el uso trasversal (para todos) de los distintos vehículos y servicios de movilidad.

Otra dificultad que habrán de afrontar nuestros ediles es la burbuja que se está creando en relación a las nuevas formas y empresas de movilidad urbana. También la ausencia de planificación sobre la coexistencia de los vehículos actuales con los de mayor eficiencia energética y los incipientes coches autónomos, que a su vez precisaran de nuevas infraestructuras susceptibles de ser víctimas de la especulación o medidas desordenadas. Los servicios de movilidad mediante tecnología (ridesharing, carsharing, carpooling) tienen más que ver sobre el posicionamiento de determinadas multinacionales en un mercado en auge, pero aún por definir, y con la obtención los datos personales generadores de big data sobre movimientos de personas y mercancías, que con la rentabilidad actual y real de dichos negocios.

Grandes corporaciones están pendientes de ese jugo que se extrae de la movilidad, que prácticamente es el segundo gasto medio más importante en las economías domésticas tras la vivienda. La venta de paquetes de movilidad -al igual que ya existen los paquetes de servicios audio-visuales-, y toda la información asociada a los mismos es de por si un negocio gigante que fuerza las costuras de las regulaciones para desplazar y, en la medida de lo posible desmantelar, los sistemas públicos de transporte, deficitarios económicamente casi por definición.

En definitiva, les recordamos a nuestros candidatos a ediles las palabras que pronunció el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en relación a la ordenación y limitación de las actividades de Uber y Lyft, hace solo unos pocos meses: “espero que el progreso de hoy se sienta en todo el mundo, y les recordaría a las ciudades que tomen el poder y no permitan a las corporaciones hacer cosas que perjudiquen a su gente”.

Europa no busca modelos en ciudades distópicas como las de la película Blade Runner, ni tampoco las macro urbes asiáticas. Algunas ciudades ya nos están avisando de problemas severos; miles de bicicletas ancladas o abandonadas como chatarra, atropellos de ancianos y niños en las zonas peatonales por una multitud de VMU (vehículos de movilidad urbana que abarcan monociclos, patines, bicis, triciclos, motorizados o no); carriles de servicio público y aparcamientos de residentes ocupados por VTC y coches compartidos, así como gentrificación que acaba por diluir el sabor de la ciudad en un mero parque temático.

El interés general debe presidir las actuaciones de los municipios. La libertad de elección del usuario debe compatibilizarse con el respeto al espacio público. Sería muy interesante para todos promover un Pacto por la Movilidad, que vaya ordenando este asunto.

Emilio Domínguez del Valle es Abogado. Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI)