Una lista de tareas urgentes para el nuevo Gobierno
Sería deseable buscar el mayor consenso posible para abordar las reformas clave
Recién concluidas las elecciones generales y a la espera de la toma de posesión del nuevo Gobierno y de la definición de su política de consensos, ha llegado el momento de hacer de las promesas realidades posibles. Es probable que la próxima celebración de nuevos comicios –europeos, autonómicos y municipales–, lleve a que los contendientes actúen con cautela y no se aventuren a poner sobre la mesa aquellas medidas concretas que van a aplicar para alcanzar los fines anunciados. Esto no debería obstaculizar que quienes ostentarán el Gobierno de España durante los próximos años desarrollen con mayor detalle las líneas maestras sobre las que se va a sustentar su política, especialmente en aquellas cuestiones de mayor calado dado el contexto de déficit, elevada deuda y con unas tasas de crecimiento más débiles.
El control de estos dos parámetros –déficit y deuda–, junto con el mantenimiento del Estado del bienestar, la reducción del desempleo y el avance en la senda de un crecimiento sostenible inclusivo –pese a que corren vientos externos poco halagüeños– no es tarea fácil. Acabamos de elegir a quienes habrán de dirigir las políticas públicas de nuestro país, atendiendo, como no puede ser de otra forma, a nuestra realidad presente, pero sentando las bases para afrontar los retos e incertidumbres que se puedan plantear a futuro. Conjugar lo enunciado en el párrafo anterior con la gestión eficiente de los recursos limitados de los que disponemos –máxime en un contexto de demandas crecientes en sanidad, dependencia y políticas de ayuda a los más necesitados– constituyen la base fundamental de un buen gobierno, una obviedad que, no obstante, no está de más recordar de vez en cuando.
La mayor o menor eficiencia de la gestión pública –algo de por sí muy complejo– del próximo Ejecutivo solo podremos juzgarla cuando avance la próxima legislatura, pero entendemos que no es necesario esperar para que se vayan definiendo los pilares sobre los que el Gobierno sustentará aquellas cuestiones de mayor calado, concretando, cuando menos, cuatro o cinco aspectos.
Antes del inicio de la campaña de estas últimas elecciones generales, desde nuestra organización trasladamos a los diferentes partidos políticos una serie de reflexiones y propuestas basadas en diferentes informes técnicos, al objeto de que pudieran ser incluidas en los programas electorales o tomadas en consideración por quienes resultaran finalmente elegidos. Ahora que el proceso electoral ha concluido, creo que no estaría de más recordarlas.
En materia fiscal, consideramos que sería necesario reorganizar la tributación de la riqueza (Impuesto sobre Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, y otros gravámenes relacionados, como el IBI o la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF); revisar de manera global los tributos ligados a la financiación autonómica; reflexionar sobre la tributación medioambiental, y mejorar los incentivos fiscales en I+D+i.
En cuanto al IRPF, entendemos que debería simplificarse; y con respecto al Impuesto sobre Sociedades, estimamos que sería conveniente volver a acercar los pagos fraccionados a la tributación anual final para que las empresas no adelanten impuesto sistemáticamente. También consideramos que debería solucionarse el problema de las valoraciones, sobre todo de bienes inmuebles y, principalmente, en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y en el de Transmisiones Patrimoniales, que están en la raíz de un porcentaje importantísimo de la litigiosidad tributaria.
Así mismo, nos parece necesario reforzar las inversiones en I+D+i y en infraestructuras, y, en cuanto a la financiación de estas últimas, intentar alcanzar un acuerdo institucional entre los partidos políticos. Con respecto a sectores estratégicos para el desarrollo económico de nuestro país, habría que introducir cambios en el modelo de turismo, especialmente en aquellos factores nuevos ligados a la digitalización y al boom del turismo low cost, en las que el Estado debería marcar las reglas del juego, sobre todo en relación a los alquileres turísticos.
En cuanto al área de la economía y la justicia, sería conveniente introducir mejoras en los procedimientos concursales y preconcursales, reduciendo formalidades, limitando los privilegios del crédito público (Hacienda y Seguridad Social) y garantizando la fluidez de dichos procedimientos, al objeto de evitar que muchas empresas insolventes pero viables acaben en liquidación. Así mismo, debería facilitarse la segunda oportunidad, especialmente para impulsar el emprendimiento. Además, debería promocionarse y potenciarse la mediación y el arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos. Por último, es imprescindible que el desarrollo digital de la Justicia se realice de forma coordinada y con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas.
En relación al ámbito de la auditoría y la contabilidad, sería importante que se promulgase una Ley de Auditoría del Sector Público, y que se regulase la actividad profesional del contable en España, al igual que en muchos de los países de nuestro entorno. En cuanto al desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría, deberían limarse aquellos aspectos que dificultan la igual concurrencia de todos los profesionales en el mercado.
Hasta aquí algunas propuestas técnicas sobre aspectos muy concretos, pero no son las únicas. No podemos dejar de prestar atención a nuestro modelo de formación profesional y universitaria, que no puede abstraerse de la revolución digital si no queremos dejar en la cuneta a muchos de nuestros jóvenes estudiantes. Por otra parte, vivimos un momento en que se está produciendo un replanteamiento de la fiscalidad en todos los países de nuestro entorno, una fiscalidad que permita obtener recursos sin retraer el impulso inversor, y España debería ser una pieza muy activa en este debate.
He aquí una última reflexión: sería deseable que, desde el liderazgo, se alcanzasen consensos que redunden en el bien común y nos permitan seguir avanzando –pese a un previsible crecimiento económico menos vigoroso para los próximos años–, y que sienten las bases para el fomento de la actividad económica y de la generación de excedentes, al objeto de mantener y mejorar lo que conocemos como Estado del bienestar. El tiempo nos dirá si somos capaces de lograrlo. Mientras tanto, pongámonos ya a la tarea.
Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas de España