Ralentización y pensiones, los retos más urgentes que esperan al nuevo Gobierno
La economía española sigue creciendo, pero a menor ritmo. El envejecimiento requiere atender a la viabilidad del sistema
toca pisar el suelo y encarar la realidad del país. Una realidad que, en el plano económico, presenta claroscuros y retos para el Gobierno que resulte de las urnas. Los primeros datos que va a tener sobre su mesa el futuro Ejecutivo son los de una economía que se está ralentizando. Las previsiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE indican que en 2019 el PIB español crecerá un 2,1% y todavía menos en 2020, un 1,9%. En 2018, la economía repuntó un 2,5%, evidenciando la llegada de la desaceleración global a España tras tres años consecutivos de crecimientos superiores al 3%.
Creación de empleo
El gran problema es que cualquier variación en el ritmo de crecimiento económico en España tiene una consecuencia negativa sobre la creación de empleo. El FMI ya lo ha advertido: la tasa de desempleo puede quedarse estancada en el 14%, siete décimas menos que la actual. En un país con 3,3 millones de parados, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), este frenazo es un reto.
Y en esta situación, no precisamente positiva, destaca otra realidad a la que hay que hacer frente y que se está enquistando: el desempleo femenino es casi cuatro puntos más alto que el masculino. También habrá que atender a la brecha salarial entre géneros que, de acuerdo con el INE, supone una diferencia económica a favor de los varones del 12,2% de media en general.
Deuda pública
Otro dato relevante que el nuevo Gobierno tendrá que analizar con cierta rapidez es el nivel de crecimiento de la deuda pública, que ya alcanza el 97% del PIB y supera los 1,18 billones de euros. En el capítulo del endeudamiento, se está deteriorando el saldo con el exterior y el recurso de pedir financiación de fuera no cesa. En la actualidad, la deuda externa española es una de las mayores del mundo y supera los dos billones de euros. En estos momentos, España debe al exterior el 167,4% de su PIB, y lo peor es que la tendencia es al alza.
Pensiones
A medio y largo plazo, el nuevo Ejecutivo tendrá que encarar un problema peliagudo y muy sensible para la sociedad como es la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El envejecimiento de la población está minando el sistema de reparto al aumentar los pensionistas más rápidamente que los cotizantes. En estos momentos, la proporción es de 2,2 cotizantes por cada pensionista y con tendencia a la baja.
Además, y esto es un problema específicamente español, la creación de empleo no está solucionando la situación como debiera, ya que muchos trabajadores están mal retribuidos y sus cotizaciones a la Seguridad Social son bajas, mientras que los nuevos pensionistas cobran prestaciones más altas que los que ya están en el sistema. Otro problema netamente nacional es que se incumple el límite legal de jubilación y la edad media está situada ahora mismo en 62,2 años. Recuperar consensos en esta materia es una puerta que permanece abierta, y más desde que recientemente finalizaron las sesiones del Pacto de Toledo sin acuerdo.
El déficit de la Seguridad Social, que ha superado los 18.000 millones de euros, se encuentra en el apartado de los mayores retos del Gobierno entrante.
I+D+i
La economía española ha de superar, asimismo, un hándicap que no se ha resuelto desde 2010: la pérdida de posiciones en I+D+i. Desde ese año, la inversión en actividades de investigación e innovación ha sufrido un retroceso y, en la actualidad, España invierte el 1,2% del PIB, lejos de la media de la Unión Europea, que es del 2%, según Eurostat. No se han recuperado los niveles previos a la crisis y se corre el riesgo de perder competitividad de manera acelerada. Porque, además, el descenso de inversión en este apartado también afecta al sector privado. La baja participación de las empresas en innovación tampoco se ha recuperado. El hecho de que más del 95% del tejido empresarial español sean pequeñas y medianas empresas y solo el 0,5% de las compañías cuenten con 500 trabajadores o más ayuda muy poco a salir del bache.
Modelo productivo
Gran parte de los problemas mencionados tienen su origen en el modelo productivo español, cuya modificación es un auténtico reto que todos los Gobiernos quieren asumir y a los que no les ha acompañado el éxito. El problema en 2019 de este modelo es que vuelve a basarse en el dinamismo de dos sectores: la construcción y el turismo.
A pesar de lo ocurrido en la crisis, la construcción está recuperando peso en el PIB, si bien no se llega a los porcentajes de hace una década debido al parón de la obra civil. Sin embargo, vuelve a tener mucho dinamismo y tirón en empleo, oferta y precios. En cuanto al turismo, al que la economía debe el 10% de su actividad, es un sector que tiene como obstáculo su dependencia de factores externos, como la situación de los países emisores de visitantes o la competencia de los estados cercanos. Además, no faltan problemas como la convivencia de las plataformas digitales con los sectores tradicionales.
Asuntos pendientes y demandas de la sociedad
Presupuestos 2019. El Gobierno entrante tiene un asunto pendiente de primera magnitud: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. El proyecto elaborado por el Gabinete de Pedro Sánchez no recibió los apoyos necesarios, con lo que continúa la prórroga de las cuentas de 2018.
Factura eléctrica. El coste de la electricidad sigue siendo un quebradero de cabeza para los consumidores. Una prioridad económica es adoptar nuevas políticas en este sentido.
Reforma laboral. En el caso de que Pedro Sánchez continúe en el Gobierno, tiene pendiente tomar una decisión sobre la reforma laboral que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se espera conocer si no se va a cambiar, si se va a derogar o si solo habrá alguna modificación puntual.
España vaciada. Las movilizaciones de los habitantes de las zonas rurales con graves problemas de despoblación y de escasez de servicios continuarán en los próximos meses si no se observa en el Ejecutivo entrante una voluntad de ocuparse de su situación. Así lo hicieron saber en la manifestación celebrada en Madrid el pasado 31 de marzo.