CSIF exige al nuevo Gobierno que blinde los servicios públicos para evitar privatizaciones

El sindicato de funcionarios calcula que hay un déficit de empleo de 95.000 plazas, que se agravará con una "avalancha de jubilaciones que vienen"

Miguel Borra, presidente del sindicato de funcionarios CSIF.
Miguel Borra, presidente del sindicato de funcionarios CSIF.

"Los partidos han incluido en sus programas alguna pincelada para los empleados públicos pero ninguno recoge una verdadera hoja de ruta para este colectivo formado 2,5 millones de personas y sus familias, cuyos votos pueden ser determinantes en estas elecciones". Esta ha sido la queja formulada hoy por el presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, quien ha presentado un decálogo de medidas que esta organización reclamará al Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo.

Entre estas diez exigencias destaca la demanda de definir qué servicios públicos deben garantizarse con el dinero de los impuestos, y una vez definidos, que se blinden legalmente para "evitar la tentación de nuevas privatizaciones". Se trata de una medida que solo se ha mencionado desde las filas de Podemos pero que desde el CSIF consideran básica en su hoja de ruta.

Junto a este blindaje, pretenden que las futuras cuentas públicas Estatales y autonómicas garanticen la financiación pública de la educación y la sanidad, hasta un 7% del PIB.

Además, Borra ha insistido también en la necesidad de profesionalizar la administración y garantizar su independencia. Para ello, este sindicato reclamará al nuevo Ejecutivo "reducir los altos cargos, los nombramientos a dedo y que se potencie el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales". Para el presidente de este sindicato "no es admisible que cada vez que cambia el Gobierno cambien todos los cargos administrativos y hasta los gerentes de los hospitales o los directores de los colegios".

Otro de los grandes problemas que, según CSIF, deberá abordar el futuro Gobierno será el del envejecimiento de la plantilla de empleados públicos. El sindicato reclama para ello un plan de recursos humanos a medio plazo, "frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir". Dicho plan debería incorporar la sustitución de todas las bajas y el refuerzo de las plantillas dónde sea necesario, porque según los cálculos del sindicato, existe un déficit de 95.000 empleos desde la crisis.

Asimismo, dentro del plan para las plantillas de las administraciones, CSIF pide que se agilicen las ofertas de empleo público y la estabilización de las plazas interinas; el desarrollo de una carrera profesional y la implantación de la evaluación del desempeño.

Finalmente, el decálogo de medidas que reclama este sindicato se completa con la implantación de la jornada de 35 horas --en la actualidad la mayoría de los empleados públicos tienen una jornada de 37,5 horas semanales--; la eliminación de la brecha salarial y la equiparación salarial entre administraciones, así como recuperar la estructura salarial previa al recorte de entre el 5% y el 8% acometida en 2010. "Las diferencias retributivas entre los funcionarios de prisiones de las diferentes comunidades es, quizás, el asunto más sangrante en la actualidad", se ha quejado Borra.

Cambiar la Ley Sindical

Las reivindicaciones del sindicato CSIF para el próximo Gobierno no se limitan a las condiciones laborales de los empleados públicos, también afectan a sus propios planes de expansión. Así, el presidente de esta central, Miguel Borra, lamentío que “la pluralidad de opciones políticas que tienen los españoles no existe en el ámbito sindical”. En concreto, reclamó un cambio en la Ley de Libertad Sindical para que se reduzca del 10% al 5% la representatividad de un sindicato para que esté entre los más representativos en el ámbito nacional. Según ha calculado este sindicato, actualmente sería necesario tener unos 9.000 delegados para que cualquier central se incluyera entre las más representativas. CSIF cumpliría este umbral, ya que cuenta con 14.400 delegados (la mayoría en las administraciones públicas y 4.000 de ellos en la empresa privada).

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