El enfrentamiento se impone en pensiones, desempleo, impuestos y vivienda
Pedro Sánchez promete elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para cambiar el modelo laboral
Sánchez anunció esta reforma durante el primer bloque del debate, en el que debatió sobre la situación económica de España y las mejoras que necesita el país junto a los candidatos del PP, Pablo Casado; de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; y de Ciudadanos, Albert Rivera.
Preguntado sobre la derogación de la reforma laboral que implantó el PP de Mariano Rajoy
en 2012, Sánchez admitió que ahora no quiere anular aquel cambio legislativo a pesar de que lo prometió en 2015 y adujo que ahora considera que es mejor "mirar para el futuro" para aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Sánchez minimizó este cambio de postura de su partido con el anuncio de una mejora para los trabajadores autónomos, que hasta ahora no había explicado durante toda la campaña electoral y que se había reservado para este debate en Atresmedia.
El jefe del Ejecutivo alardeó de que, en estos diez meses de mandato desde la moción de censura con la que echó a Mariano Rajoy del poder, ya ha mejorado la situación de los autónomos al mejorar su protección pagando apenas 5 euros al mes para cubrir las contingencias.
Sánchez destacó también que el PSOE ha logrado crear "1.483 empleos nuevos" cada día y ha aumentado el número total de cotizantes a la Seguridad Social hasta los 19 millones de personas, de los cuales 9 millones son mujeres. Para el futuro se propuso "acabar con la dualidad y alta temporalidad de la gente joven" y seguir impulsando planes que mejoren el mercado laboral.
Pablo Casado si que propuso derogar la Reforma Laboral, así como prometió intervenir los falsos autónomos. Casado desgranó una catarata de malas cifras económicas de los meses de Gobierno de Sánchez, que el presidente tildó de "mentira". Rivera, por su parte, se centró en acabar con la temporalidad y reclamó el contrato único.
Las propuestas relativas a las pensiones sí fueron algo más claras. Iglesias puso sobre la mesa la jubilación después de 35 años cotizados, y la posibilidad de que en determinados trabajos, la jubilación se adelante a los 61 años -frente a los 65 general- por estar vinculados a ciertas enfermedades, como es el caso de las camareras de piso. Además, subrayó la necesidad de fijar por ley la actualización de las pensiones al IPC. Una idea que Sánchez recogió aunque consideró complicada de compatibilizar con el déficit público. La propuesta del líder socialista en este sentido fue impulsar una reforma constitucional para blindar el carácter público de las pensiones, su sostenibilidad financiera y su revalorización.
Los candidatos pasaron a renglón seguido a debatir sobre impuestos, donde volvieron a emerger los bloques de izquierda y derecha. Sánchez e iglesias coincidieron en señalar que el debate no es si subir o no impuestos, sino sobre a quién subirlos, poniendo ambos el foco en la banca, las tecnológicas o las grandes corporaciones. El líder de Podemos, sin embargo, reivindicó su papel para que el PSOE cumpliese su programa.
Casado y Rivera, por su parte, afirmaron que el plan fiscal de sus contrincantes suponía más impuestos para las clases medias y trabajadoras. Y pusieron el acento en la eliminación de tasas como la de Sucesiones. Casado reiteró su promesa de una bajada de otros como el IRPF o el de Sociedades.
El último tema que tocó las cuestiones económicas fue el de la vivienda. Los cuatro candidatos estuvieron de acuerdo en la subida de los precios de la vivienda en alquiler en las principales ciudades de España, aunque sus propuestas para solucionar este problema fueron en sentidos diferentes. Rivera planteó la necesidad de dar una seguridad a aquellos particulares que quieran poner en el mercado una vivienda y para ello planteó una ley contra la ocupación, una idea en la que coincidió Casado, que considera necesario dar seguridad a los arrendatarios y recuperar las penas a los okupas.
Iglesias, por su parte, puso sobre la mesa el problema del elevado número de viviendas vacías y propuso que aquellos que tengan más de 10 propiedades, deban sacarlas al mercado a un precio público. Por último, Sánchez propuso impulsar una política de vivienda social en propiedad o en alquiler de manera que se aumente la oferta pero sobre todo la oferta de vivienda pública.