El lastre de unas frágiles cuentas autonómicas en un entorno de riesgos
El regreso al equilibrio presupuestario se ha conseguido a costa de una factura abultada
Durante los duros años de la crisis, cuando la economía española afrontó rigores, recortes y austeridades, la indisciplina fiscal de las comunidades autónomas se convirtió en un problemático caballo de batalla a la hora de cumplir con los objetivos de déficit público impuestos a España por Bruselas. En contraste con las corporaciones locales, que hicieron sus deberes con mayor agilidad y sanearon los números rojos con bastante más eficacia, los Gobiernos autonómicos se resistieron al ajuste presupuestario e hicieron necesaria la adopción de mecanismos extraordinarios por parte del Gobierno central para tratar de frenar los incumplimientos. Desde entonces, como recuerda un informe publicado ayer por Fedea y el Instituto de Análisis Económico (CSIC), la salud de las finanzas autonómicas ha mejorado “sensiblemente”, hasta el punto de que en 2018 las comunidades cerraron el ejercicio con un déficit del 0,23% y cumplieron holgadamente con su objetivo, que era del 0,4%.
Sin embargo, el regreso al equilibrio presupuestario se ha conseguido a costa de una factura abultada. Las cifras que analiza el informe revelan que la deuda regional en relación con la renta nacional se ha multiplicado por cinco desde el inicio de la crisis y que la mejora del saldo presupuestario autonómico llevada a cabo en los últimos años se ha nutrido de unos niveles de inversión pública muy bajos y del balón de oxígeno que han supuesto las subvenciones a los intereses suministradas por el Fondo de Liquidación Autónomico (FLA) y otros instrumentos de apoyo. Ante ese panorama, el diagnóstico es muy claro: las cifras han mejorado y se acercan a las que existían en 2003, primer ejercicio que analiza el informe, pero también presentan una fragilidad mucho mayor ante un posible y probable escenario de cambio de ciclo.
La vulnerabilidad de unas Administraciones autonómicas excesivamente endeudadas y que en los próximos ejercicios deberán afrontar un crecimiento en términos de inversión pública constituye un riesgo objetivo que requiere una seria reflexión, especialmente en una coyuntura que muestra ya los primeros signos de desaceleración. Aunque la situación financiera de las Administraciones autonómicas no es homogénea, ni en términos de déficit ni en niveles de endeudamiento, la economía española no puede permitirse la bomba de relojería que pueden suponer, en un entorno en el que no faltan los riesgos, unas finanzas regionales frágiles y lastradas por la deuda.