Más tren convencional y planes de aguas, pero nula respuesta a la financiación de los proyectos

Los partidos prometen un mayor control sobre la obra pública y ofrecen más atención a la conservación

Alejandro Meraviglia

Nada como un plan plurianual de inversiones para encabezar las promesas electorales en materia de infraestructuras y transporte, a pesar del histórico de incumplimientos de los mismos y las dificultades para consensuar este tipo de guiones en el Congreso.

El que propone el PP en su programa para las elecciones del 28 de abril abarca el periodo 2020-2030 y se complementa con la recuperación del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), con 5.000 millones en aportación privada. El PSOE reitera la promesa de liderar un pacto de Estado que garantice, especialmente, el cumplimiento de los planes ferroviarios tanto en alta velocidad como en cercanías. El plan de Podemos se centra en fomentar un ferrocarril de corta y media distancia con más frecuencias y que llegue a más puntos del país. Y Cs ve prioritaria una planificación con énfasis en la retención y gestión del agua, la lucha contra el cambio climático y la inversión en la red de carreteras.

La reactivación de políticas relacionadas con el ciclo del agua, uno de los debes de España ante la CE, es denominador común en los programas, que también coinciden en la necesidad de atajar el déficit en la conservación y renovación del stock de infraestructuras. Un informe publicado la semana pasada por la Fundación BBVA llama la atención sobre el envejecimiento por la caída en la inversión pública: un 24% de las infraestructuras tienen más de 20 años de antigüedad, y la cuota llegará al 50% en 2030 si no se activan soluciones. Pero la mayor diferencia entre unos y otros partidos reside en el asentamiento de un modelo homogéneo de financiación.

Los Presupuestos fallidos de 2019 contemplaban por primera vez un mayor esfuerzo en conservación de carreteras (998 millones tras un aumento del 32%) que en obra nueva. El Ejecutivo socialista, de acuerdo con Podemos, también se disponía a potenciar el desarrollo de la red de ferrocarril convencional, minorando el apabullante dominio de la inversión en el AVE de los últimos años. Algo empieza a cambiar, pero la creciente presión del gasto y deuda pública ponen en riesgo el sostenimiento del parque de infraestructuras.

El PSOE tomó meses atrás la iniciativa de abrir el debate parlamentario, a través de una subcomisión que no ha llegado a activarse, sobre el citado modelo de financiación. ¿Pago por uso, o recurso a fondos públicos? El asunto no es baladí por cuanto se aproxima, de aquí a 2021, el vencimiento para la explotación privada de un tercio de los kilómetros de peaje en España (1.000 sobre 3.307 kilómetros), hoy mantenidos por capital privado a través de las tarifas cargadas a los conductores.

En la izquierda no hay una postura común. El PSOE aboga por la colaboración público-privada y no rehúye el debate del pago por uso, pero en la reversión de la AP-1 a finales de 2018, tras 40 años de tarificación, el Gobierno de Sánchez no ha podido más que levantar barreras y cargar con el mantenimiento. Podemos, por su parte, defiende la recuperación de las autopistas "para el patrimonio común" una vez que se produzca su vencimiento. Su objetivo es abaratarlas o permitir el tráfico gratuito. Cs afirma a su vez que no renovará la concesión de los tramos de la AP-7, la AP-4 y la AP-2.

El PP evitó durante sus mandatos afrontar la tarificación de las carreteras, generalizada en el transporte aéreo o el naval. La fuerza de Pablo Casado no lleva este controvertido punto en su programa, al igual que Ciudadanos, aunque su portavoz de Economía, Toni Roldán, llegó a reconocer que las fórmulas de pago por uso o las tasas ambientales "pueden ser interesantes".

Pesan en contra del peaje generalizado la delicada situación de las economías domésticas, la fuerte presión en contra del sector del transporte de mercancías y la impopularidad de la medida entre millones de votantes. Entre tanto, Fomento apunta que el déficit de conservación solo en las carreteras acumula 2.000 millones entre 2012 y 2017, lo que se suma a los 5.000 millones que estimaba previamente la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Sequía en concesiones

La patronal de las grandes constructoras, Seopan, es crítica con la ausencia de proyectos de colaboración público-privada desde hace casi una década, abogando por los cánones en infraestructuras del ciclo integral del agua, autovías o el tratamiento de residuos. Coincide en buena parte con esta visión el Consejo General de Economistas.

El Ejecutivo de Sánchez cambió el PIC del PP por un programa recortado, llamado a movilizar 1.000 millones en inversión privada, pero este se queda en rampa de lanzamiento.

Lo que el PSOE estima prioritario tras la cita con las urnas es la presentación de los Presupuestos para el presente 2019, lo que permitiría cumplir la promesa de una inversión estable en 2019 y 2020 por un total de 20.000 millones. Las cuentas rechazadas ya preveían una inversión real de 9.973 millones, con un alza del 26,6% sobre lo previsto en 2018.

Más allá de las cifras presupuestadas, en el sector de la obra pública preocupa el bajo nivel de ejecución en estos años de convulsión política: las cifras en 2017 y 2018 estuvieron por debajo de los 5.000 millones.

Otras patatas calientes que caerán en manos del próximo Gobierno son la factura por la quiebra de las radiales; el cierre de la crisis del taxi y VTC; la amortiguación de los impactos del Brexit en el transporte, o una liberalización efectiva del ferrocarril de pasajeros.

Propuestas estrella

PSOE. 1. Pacto de Estado sobre Infraestructuras. 2. Aumentar la inversión pública en seguridad y mantenimiento de infraestructuras. 3. Potenciar el plan de acción de la Airef para controlar el gasto en obra pública. 4. El Ministerio de Fomento pasará a llamarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 5. Promoverá tarifas competitivas en los trenes de media y larga distancia.

PP. 1. Plan nacional de infraestructuras de transportes prioritarios 2020-2030. 2. Nueva estrategia nacional de navegación aérea para aumentar la capacidad del espacio aéreo. 3. Título de transporte único y digital. 4. Foco inversor en las Cercanías. 5. Impulso al Plan de Carreteras (27 proyectos).

Unidas Podemos. 1. Plan de inversión en ferrocarril. El tren debe llegar a todas las localidades de más de 20.000 habitantes en 2030. 2. Tarjeta única de transportes, gratuita para menores de 26 años. 3. Acceso universal a transportes colectivos al precio máximo de un euro. 4. Declarar el taxi como servicio público de interés general y establecer un mínimo de dos horas de precontratación para las VTC. 5. Frenar la renovación de concesiones de autopistas a grandes corporaciones.

Ciudadanos. 1. Mejorará las redes de Cercanías y los corredores del Mediterráneo, Atlántico y las Autopistas del Mar. 2. No prorrogará las concesiones de autopistas de peaje.