Los costes pasivos indeseados de la sobrerregulación de los alquileres
Todo límite al precio o incentivo al inquilino incrementa el coste en el medio plazo
Admitía en un reciente informe el Banco de España que la precariedad del mercado de trabajo, con una significativa devaluación de los salarios, estaba empujando a las generaciones más jóvenes al mercado del alquiler para proveerse de vivienda. Pero además de esta evidencia, no empuja con menos vehemencia hacia el alquiler el elevado precio de los activos inmobiliarios alcanzado antes de la crisis y que, pese a la caída en los años de la recesión, han vuelto a niveles prohibitivos en la mayoría de los núcleos urbanos. Pero las soluciones aportadas por la regulación de los últimos meses, con la buena intención de dar nuevas garantías a los actores del mercado y de lograr un abaratamiento de las tarifas, no aportan mucha claridad en tal sentido. De hecho, en muchos casos se han introducido dosis restrictivas del mercado que bien podrían provocar el efecto contrario al deseado.
Ya se ha comentado en estas páginas que imponer periodos demasiado prolongados a la duración de los contratos, aligerar los avales exigidos en forma de fianzas o intentar limitar los precios del alquiler aunque sea con fórmulas como impedir que se superen en las actualizaciones más allá de una determinada referencia, si bien puede proporcionar seguridad a los inquilinos, no está nada claro que estimule la oferta. Y como en todo mercado, una limitación de la oferta se transformará en un aumento de los precios. Pero además de tales consideraciones que proceden de la lógica de la economía de mercado, la sobrerregulación, lejos de dar seguridad jurídica a los actores del mercado del alquiler, parece haber despertado las suspicacias de los propietarios, que buscan mecanismos de protección ante los impagos.
En los últimos años ha proliferado una especie de industria en torno a esta actividad que provee de los servicios inmobiliarios como meros intermediarios a cambio de ganancias relativas que ya quisieran para sí los servicios financieros y que únicamente garantizan el cobro a los propietarios. Ahora se ha desarrollado en paralelo la provisión de currículos de solvencia para los inquilinos y cada vez más con profusión la contratación de seguros contra los impagos, que no son otra cosa que un encarecimiento de los alquileres. Aprovechando la convocatoria electoral todos los partidos han volcado sus propuestas en materia de alquiler, pero con intenciones de renovado intervencionismo más que de liberalización e incremento de la oferta. Todo límite al precio o incentivo al inquilino incrementa el coste en el medio plazo, mientras que todo estímulo a poner más casas en el mercado, con plena seguridad jurídica, tiende a relajarlo.