OHL lleva a Villar Mir a los tribunales para que le pague las deudas

Deloitte pone en duda la viabilidad de la empresa y advierte sobre sus cuentas

Juan Miguel Villar Mir, en una junta de OHL.
Juan Miguel Villar Mir, en una junta de OHL.

Deloitte, la firma que audita a OHL, ha emitido un duro informe sobre las cuentas del grupo constructir de cierre del ejercicio 2018. El auditor expresa dudas sobre la viabilidad de la empresa, advierte sobre las incertidumbres acerca de activos por valor de 320 millones de euros y también sobre el hecho de que esté sin provisionar un litigio con Qatar en que le reclaman más de 1.000 millones a la empresa y ya ha habido algún pronunciamiento desfavorable. Entre los activos, están deudas vencidas sin pagar que tiene Grupo Villar Mir, la empresa de Juan Miguel Villar Mir y principal accionista de la propia OHL, con la propia OHL por importe de 119 millones de euros. OHL ya ha acudido a los tribunales para que Villar Mir pague lo que debe.

Deloitte recoge que OHL ha aprobado un plan estratégico que contempla mejoras en la rentabilidad de los proyectos, la contratación de cartera de negocio futura de forma recurrente y la optimización de la gestión del circulante, pero advierte: "En este contexto, posibles desviaciones sobre los objetivos contemplados en el mencionado plan afectan significativamente a la capacidad del grupo para hacer frente a sus obligaciones financieras futuras, lo que supone la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del mismo para continuar como empresa en funcionamiento".

Además de los posibles incumplimientos del plan de negocio, Deloitte advierte sobre las incertidumbres que afectan a varios activos reflejados en las cuentas del grupo.

Así, OHL mantiene activos financieros no corrientes por importe de 201,6 millones de euros asociados a la inversión mantenida en la concesionaria Móstoles Navalcarnero. El problema es que dicha sociedad está en liquidación y que OHL pueda recuperar ese dinero depende del desenlace positivo del proceso de liquidación. OHL confía en ganar en los tribunales el litigio que mantiene con la Comunidad de Madrid.

Raclamación judicial a Villar Mir

Por otro lado, Deloitte advierte de que OHL mantiene créditos concedidos, vencidos y exigibles al Grupo Villar Mir, su accionista de referencia. Como la sociedad de Juan Miguel Villar Mir no ha pagado su deuda a OHL, OHL ha tenido que ir a los tribunales y ya ha iniciado la reclamación judicial de un crédito de 35,2 millones. Además, hay otro crédito de 83,8 millones también vencido, exigible y sin pagar. Pese a ello, OHL no lo ha provisionado.

Deloitte advierte sobre las incertidumbres que hay para el cobro de esos 119 millones que OHL considera recuperables ligado a un plan de desinversiones de Villar Mir.

El crédito de 83,8 millones está relacionado con el precio que se entregó en 2016 por la compra a Grupo Villar Mir de Pacadar. La compraventa se rescindió, y el dinero entregado a grupo Villar Mir se instrumentó como crédito financiero al 5% anual y con el 100% de las acciones de Pacadar, empresa de prefabricados de hormigón, como garantía.

Los otros 35,2 millones, que se están exigiendo en los tribunales, son un crédito a la propia Pacadar, también a un interés del 5%, y con la garantía adicional de Grupo Villar Mir. El crédito fue adquirido a OHL Concesiones como consecuencia de la opción de venta del 100% de su capital.

Qatar reclama 1.134 millones

Junto a esos activos por unos 320 millones (la concesionaria y los créditos), Deloitte advierte también sobre que no existe provisión para cubrir el procedimiento de arbitraje en que se encuentra OHL en relación con el proyecto Hospital de Sidra, en Qatar.

OHL perdió en un laudo parcial sobre este arbitraje pues los árbitros declarararon la legalidad de la terminación contractual decidida por Qatar. OHL trata de que se anule el laudo, pero mientras tanto Qatar reclama a OHL y su socio Contrack Cyprus unos costes de terminación de 869 millones de euros, un importe de reparación de defectos de 76 millones y penalidades contractuales por demora de otros 189 millones de euros. En total, 1.134 millones de euros que están sin provisionar. "Considerando la situación actual del proceso, así como los diferentes escenarios de resolución que podrían resolverse, no es probable al 31 de diciembre de 2018 que se produzca un quebranto para la sociedad, no existiendo en consecuencia provisión alguna afecta", dice la empresa.

"A la fecha actual existen varias incertidumbres que podrían afectar a la resolución final de los aspectos indicados", dice el auditor.

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