La abogacía batalla por un nuevo examen de acceso más serio con una prueba oral

En la convocatoria de marzo de 2018 aprobó el examen un 77,6% de los aspirantes, pero fueron aptos para ejercer el 97,3%

La abogacía batalla por un nuevo examen de acceso más serio con una prueba oral
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El nuevo modelo de examen de acceso a la abogacía que pelea el sector y que ya se negocia con Justicia contaría con una prueba práctica oral ante un tribunal de un área específica del derecho elegida por el alumno, la eliminación de la media entre el examen y el máster, hacer obligatorio la aprobación de la prueba para obtener el título y otorgar una nota numérica final al aspirante.

Así lo asegura el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y en líneas generales a esta idea se suma el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) con la intención de superar un tipo de prueba cuestionada desde su creación y que ha tenido fama de tener escasa calidad y de no perseguir la excelencia de la profesión como sí ocurre en el resto de Europa.

Más de 6000 graduados en derecho se presentarán este sábado a este examen y los aprobados se sumarán a los 155.000 letrados que ya hay en nuestro país. Según datos del Ministerio de Justicia, la tasa de aprobados del examen en 2018 fue del 76%, de un total de 7.297 solicitudes de acceso en ambas convocatorias. En la primera de ellas se presentaron 5.932 personas y pasaron la prueba 4.603, un 77,6%. En la segunda lo hicieron 937 de las 1.365 solicitudes recibidas, un 68,6%. No obstante, según datos de la Abogacía, un 97,3% de aspirantes fueron finalmente aptos para ejercer la abogacía en la convocatoria de marzo de 2018, ya que la nota del examen supone el 70% de la nota final y el 30% corresponde a la nota del máster.

Para Carlos Fuentenebro, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia y presidente de la Comisión de Formación de la Abogacía, lo esencial es tener un modelo “acorde a la Unión Europea, no en dificultad, si no en seriedad”, para evitar así la plaga de ciudadanos italianos y rumanos que usan nuestro modelo como atajo para ejercer en su país. Concretamente, lleva desde final de 2017 negociando con el Ministerio de Justicia la reforma del examen porque consideran que a día de hoy “no es relevante y suficiente” para demostrar que los aspirantes han adquirido los conocimientos y capacidades que se exigen para ser abogado. “Queremos potenciar todo lo práctico y que se acredite que se han adquirido esos conocimientos como dice la Ley y el Reglamento, ya que creemos que no cumple los estándares necesarios para ello”, admite.

En resumen, el examen constaría de una prueba teórica tipo test de 75 preguntas como la actual, más una oral sobre un área específica elegida por el alumno que habrá de defender ante un tribunal. Será imprescindible aprobarlo para obtener el título y estas no harán media con la nota del Máster de Acceso. Además, se premiará la excelencia otorgando una nota numérica final.

Falta de recursos

Fuentenebro explica a Cinco Días que teniendo en cuenta que el 90% de procedimientos son orales en el ejercicio de la abogacía, apuestan por superar una prueba “fácil de corregir y económica” para buscar una “inminentemente oral”. No obstante, asegura que el problema viene con la falta de medios para hacerlo, y que este es uno de los puntos que más complicada hace la negociación con Justicia.

Otro de los cambios en su propuesta es cómo se pone la nota final. En este punto, desde el CGAE quieren que el examen tenga una nota numérica y no se limite a “apto o no apto” para “premiar al alumno excelente”. A su vez, su propuesta contiene hacer que se diferencie la nota del máster y la del examen, y que pasar la prueba sea esencial para conseguir el título, reforma que, según el decano, evitaría que los masters inflen la nota de los alumnos y se preparen sólo para contestar las preguntas esenciales para aprobar. “Con esto buscamos que sea más serio. Tenemos interés en que la gente salga bien preparada”, admite.

Sobre si este año será el último con el actual método, el decano asegura que si bien entre las prioridades de Justicia estaba acometer esta reforma, con la situación política actual “habrá que esperar a ver el nuevo gobierno”. “Ellos piensan también que el examen no cumple las funciones, y están de acuerdo en que haya que aprobar tanto el master como la prueba”, reconoce.

Universidad y Máster

Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el más grande del país con unos 77.00 colegiados, pone el foco en la ineficiencia de la carrera universitaria para preparar a los futuros profesionales en las demandas del mercado y critica un enfoque meramente teórico. “Es insuficiente e inadecuado para el desempeño de la profesión. Y ello porque en el referido máster se vuelven a impartir materias teóricas que el alumno conoce o debe de conocer por los estudios universitarios”, afirman.

En este proceso, la calidad del máster de acceso es determinante y también está cuestionado. Desde el ICAM, echan de menos que esté dirigido a la obtención por los alumnos de las “herramientas y habilidades prácticas necesarias y requeridas” en el ejercicio de la abogacía. Para paliar esta realidad, abogan por residenciar en los Colegios el máximo protagonismo en el proceso formativo para la profesión “para que no se convierta en una continuación o prolongación de los conocimientos teórico-jurídicos impartidos”.

Habilidades prácticas

Desde la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) no son partidarios de que exista un examen de acceso. Piensan que la abogacía es una “profesión liberal por excelencia” y ven como un “escollo” el hecho de que el alumno tenga la obligación de hacer el examen para ser abogado. No obstante, una vez implantado este sistema, ponen el acento en la necesidad de que el examen estatal sea práctico y que no obvie todas las habilidades prácticas del oficio y más allá del derecho como la oratoria, negociación, inteligencia emocional, comunicación y trato con el cliente.

Por otro lado, critican los altos precios de los másters: "Estan elitizando la profesión". Además, proponen hacerlo más práctico, con estancias en despachos de abogados donde el bufete haga un informe sobre el progreso y calidad del aspirante. Con respecto a la prueba en su conjunto, la postura de la AJA es apostar por darle más peso a la parte práctica. “El propio método no busca la excelencia”, afirman.

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