Trabajo quiere que cada parado de larga duración tenga un "orientador de referencia"
Los servicios de empleo aplicarán un plan de recolocación a los despedidos en un ERE de forma "inmediata".
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan Reincorpora-T que incluirá una serie de medidas que se aplicarán hasta 2021 para intentar reducir el número de parados de larga duración (más de un año en el desempleo) en 422.100 personas de aquí a tres años.
Este objetivo implicará que los servicios públicos de empleo tendrán que atender a unos 200.000 de estos parados cada año y, según ha dicho hoy la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el plan persigue que todos ellos encuentren al menos una ocupación por cuenta ajena o por cuenta propia durante el periodo de vigencia del plan.
Con ello, la tasa de paro de larga duración, que actualmente representa en España el 6,8% de la población activa, se reduciría al 4,3% a finales de 2021.
Este plan incluye medidas de atención personalizada a este colectivo, con el reconcimiento del derecho del parado de larga duración a "elegir un orientador de referencia" en el servicio público de empleo de su comunidad autónoma que le corresponda. Estos orientadores, forman parte del grupo de 3.000 profesionales que se incluyeron en el plan de choque de empleo juvenil aprobado el pasado año. Los orientadores, además de aconsejar al desempleado y acompañarle en su búsqueda activa de empleo harán "prospección" sobre posibles empleos en el entorno del parado, según ha explicado Valerio.
El plan incluye también una reorientación de 1.313 millones de políticas activas ya presupuestadas, que gestionan las comunidades autónomas, y que deberán destinar a la reincorporación laboral de parados de larga duración. Valerio ha añadido que el Gobierno quiere que "cooperen las administraciones locales, sobre todo con la implantación de las medidas de carácter rural".
Asimismo, la titular de Trabajo llamó también a la implicación a las empresas. "Es fundamental la colaboración publico privada; que las empresas apuesten, en un ejercicio de responsabilidad social, por contratar a parados de larga duración". Para ello, el plan incluye también una bonifcación ya en vigor de 1.300 euros anuales en el pago de cotizaciones sociales si se contrata a un parado de larga duración varon y de 1.500 euros si la contratada es una mujer. Esta bonificación tiene una serie de requisitos como mantener en el puesto al parado al menos tres años.
Las empresas podrán también ver aumentado su crédito formativo si contratan de forma estable (más de un año continuado) a un porcentaje de desempleados de larga duración superior al 10%. Asimismo, se establecerán las que Valerio ha denominado "cláusulas sociales" en los pliegos de contratación pública, para la incorporación de este colectivo, en especial de mayores de 45 años, en las empresas adjudicatarias.
Trabajo quiere también que los trabajadores que sean incluidos en un ERE de forma voluntaria o forzosa, sean atendidos de forma inmediata por el servicio público de empleo de su región, haciéndoles participar en un programa de recolocación llevado a cabo por una empresa autorizada.
Junto a estas medidas el Gobierno recoge también en este plan la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y la cotización a la Seguridad Social a cargo del Estado de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes. A estas últimas medidas se destinarán otros 2.687 millones que también están ya prespuestados. En total, se destinarán a todas estas medidas 4.000 millones, que no supondrán nuevas aportaciones del presupuesto.
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