Transporte

Adif acudirá a los tribunales para pedir daños y perjuicios por la actuación del cártel del AVE

Cambiará sus estatutos para poder blindarse ante la posible actuación futura de nuevos cárteles

Isabel Pardo, presidenta de Adif.
Isabel Pardo, presidenta de Adif.

Adif y Adif Alta Velocidad demandarán en los tribunales por “daños y perjuicios” a la quincena de empresas que formaron el cártel destapado la semana pasada por la CNMC por el que durante 14 años se repartieron 200 proyectos ferroviarios por valor de 1.000 millones de euros, como adelantó Cinco Días el pasado 28 de marzo. Entre las firmas que formaron esta ilícita asociación figuran filiales de grandes constructoras como ACS, Sacyr y OHL, y multinacionales como Siemens y Alstom (esta última actuó como denunciante, bajo el programa de clemencia de la CNMC). También resultaron implicados Elecnor, Inabensa (Abengoa), Cymi, Isolux, Electrén, Comsa, Indra, Telice, y Citracc.

Las empresas fueron sancionadas por el organismo que preside José María Marín con una multa conjunta de 118 millones de euros, la segunda mayor impuesta para estos casos de reparto del mercado, por repartirse proyectos de electrificación ferroviaria, tanto de AVE como de líneas convencionales. Ante la “gravedad” de los hechos revelados por la CNMC y el “gran número de contratos afectados”, Adif realizará “a la mayor brevedad posible” un informe para determinar los daños que hayan causado y, fundamentalmente, su “impacto” en obras cofinanciadas con fondos europeos.

“Una vez finalice el informe, Adif adoptará las acciones legales tendentes a su resarcimiento”, anunció en un comunicado la empresa pública que figura como principal contratista de obra de la Administración central.

En paralelo, y para evitar daños similares en el futuro, la compañía que preside Isabel Pardo cambiará los pliegos de contratación para blindarse ante cárteles y otro tipo de fraude. En concreto, la compañía gestora de la red ferroviaria incluirá una cláusula en sus contratos por la que las empresas que se adjudiquen su ejecución asuman “su obligación a realizar la obra de forma íntegra y ética”. En virtud de esta cláusula, en caso de probarse “cualquier tipo de fraude” en los contratos, las firmas que lo cometan deberán responder por “daños y perjuicios” con multas que pueden suponer hasta el 50% del importe total del proyecto, e incluso, su resolución. Además, la compañía adoptará las “medidas organizativas necesarias” para dotarse de mecanismos internos de control que “permitan realizar una análisis especializados en materia de competencia en los sectores de actividad” vinculadas con su negocio.

En cuanto a la petición de la CNMC de que se prohíba contratar con las empresas implicadas en el cártel, Adif aseguró estar a la espera de lo que al respecto determinen la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y Hacienda.

Adif toma estas decisiones en tanto figura como el principal órgano contratista de obra pública de la Administración central, toda vez que se encarga de la construcción de distintos corredores de alta velocidad ferroviaria. Solo en los dos primeros meses del año, la compañía licitó obras por 613 millones, lo que multiplica por más de cuatro al del año anterior.

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