La CNMC pide que se prohíba contratar con la Administración a filiales de ACS, Sacyr, Indra, OHL, Isolux y Abengoa
Competencia sanciona a 15 empresas del sector ferroviario con 118 millones de euros por repartirse contratos de Adif tras un chivatazo de Alstom
Golpe de Competencia a las empresas del sector ferroviario. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con 118 millones de euros a 15 compañíaspor repartirse los concursos públicos convocados por Adif relacionados con infraestructuras ferroviarias. Entre las compañías multadas están Elecnor, Alstom, Siemens, Indra, Isolux Ingeniería, cuatro filiales de ACS (Cobra, CYMI, SEMI y Electrén), una filial de OHL (EYM Instalaciones), otra de Sacyr (Neopul) y una de Abengoa (Inabensa Instalaciones). Además, 14 directivos responsables de esas empresas han sido sancionados con 666.000 euros. El procedimiento se inició a partir de la información aportada por Alstom en el marco del Programa de Clemencia, lo que la exime de multa. Siemens también aportó información, con lo que su sanción se reduce.
Además de las sanciones, Competencia ha activado por primera vez el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración de empresas con infracciones graves en materia de falseamiento de la competencia y ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. En todo caso, se trata de un paso preliminar, pendiente de dicho organismo y que solo se pondría en marcha cuando la resolución de la CNMC fuera firme, para lo que previsiblemente faltan varios años. Alstom, Siemens y los directivos de Alstom, beneficiarios de la clemencia, quedarían en todo caso fuera de la prohibición de contratar, según señala la resolución de la CNMC.
La Ley de Contratos del Sector Público prevé la prohibición de contratar a entidades sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. En este caso, contra la resolución de la CNMC no cabe recurso en vía administrativa, pero sí se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, algo que las empresas planean hacer. Posteriormente, las compañías podrían acudir al Tribunal Supremo, por lo que el proceso puede durar aún varios años. Por otro lado, como la resolución de la CNMC no se pronuncia sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar, la decisión queda en manos de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente de Hacienda. La prohibición de contratar, en caso de prosperar, no se extendería a las matrices ni al resto de filiales de los distintos grupos, según fuentes jurídicas consultadas.
Adif, por su parte, se presentaba este jueves como gran damnificada. Un portavoz de la empresa dependiente de Fomento avanzó que los srvicios jurídicos analizan el expediente de la CNMC y no descartan emprender acciones contra los contratistas. Estas podrían ir en una doble dirección: insistir en la inhabilitación para contratar y reclamar compensaciones por la distorsión económica en sus licitaciones. Desde el gran motor de la inversión pública se asegura que se prestado máxima colaboración a la CNMC.
Tres cárteles
Según explica la CNMC, durante 14 años estas 15 empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Las empresas, explica Competencia, crearon tres cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos: uno para los contratos de electrificación de líneas de alta velocidad, otro para electrificación en líneas de tren convencional y un tercero para repartirse los concursos públicos y privados para suministro y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.
En el primero de los cárteles, para la electrificación del AVE, los hechos acreditados indican que trece de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016). El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros.
Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo, desde abril de 2008 hasta marzo de 2016, en función de las licitaciones que se iban produciendo y de las empresas que participaban de la estrategia colusoria. Son de destacar los denominados acuerdos MICRO-MACRO, en virtud de los cuales las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.
Reparto por sorteo
El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016), según la CNMC. Los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.
Los primeros hechos que acreditan la existencia de una estrategia colusoria en los concursos en líneas de tren convencional se remontan al año 2002, según Competencia. En ese momento los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por RENFE para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional. El acuerdo, entre otras cuestiones, preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron “ranking”.
Las empresas también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera las empresas que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje de un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales
En el tercer cártel creado para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Para ello, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a tales prácticas, Elecnor.
Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, 7 contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros. Es de destacar los acuerdos previos de reparto entre las tres empresas para la subcontratación del proyecto relativo a la red ferroviaria de Noruega denominado FOLLO LINE, que fue adjudicado por un precio de 60 millones de euros.
Las multas
La mayor multa impuesta corresponde a Cobra (empresa de infraestructuras del grupo ACS), que ha sido sancionada con 27,2 millones, seguida de Elecnor, con 20,35 millones; Siemens (16,8 millones); grupo SEMI (16,46 millones) e Inabesa, filial de Abengoa (11,56 millones). A Alstom le corresponderían 8,8 millones (queda eximida); a CYMI (grupo ACS) se le impone una multa de 4,2 millones; a Isolux Ingeniería, de 4 millones; a Electren, de 3,18 millones; a Comsa, de 2,8 millones. Multas de menor cuantía reciben Indra (870.000 euros); Neopul (filial de Sacyr), con 762.362 euros; Telice (600.000 euros); EYM (de OHL, con 448.740 euros) y CITRACC (385.000 euros).
En el caso del primer cártel (construcción y mantenimiento de los sistemas de electrificación del AVE), el importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros. El segundo (los contratos de los sistemas de electrificación del tren convencional), supuso el reparto de un importe total de 134 millones de euros y en el caso del cártel para la electromecánica del AVE, 84 millones.
Por el programa de clemencia, Alstom y sus directivos quedan completamente exentos del pago de la multa, mientras que Siemens tiene una rebaja del 45%, hasta 8,91 millones por un cártel y 330.000 euros por otro.