Ence congela la inversión en Pontevedra y desviará el negocio de celulosa a Navia

Solo destinará a la planta gallega 50 de los 500 millones previstos hasta 2023

Ignacio de Colmenares, consejero delegado de Ence, y Juan Luis Arregui, presidente del Consejo de Ence, en la Junta General de Accionistas de esta mañana.
Ignacio de Colmenares, consejero delegado de Ence, y Juan Luis Arregui, presidente del Consejo de Ence, en la Junta General de Accionistas de esta mañana.

Ence ya trabaja en un plan B en el caso de que la Justicia tumbe la renovación de la licencia otorgada por otros 60 años. En la actualidad, la compañía está lidiando con cinco recursos diferentes que solicitan la anulación de la prórroga concedida en 2016 por un período de 60 años (50 naturales más diez por ciertas inversiones comprometidas), en concreto hasta el año 2076. En un encuentro con medios de comunicación, posterior a la junta de accionistas de la papelera, el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, recalcó que la compañía no contempla un cierre inminente de la planta. “Aquí hay al menos seis años de recursos y tampoco descarto que ganemos el juicio. Recurriremos al Supremo, al Constitucional, al Supremo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señaló.

De Colmenares tampoco descartó la posibilidad de que, agotada la vía judicial y en el caso de que no logren sus objetivos, usen la posibilidad que habilita la Ley de Costas para pedir una prórroga más pequeña, en concreto, en torno a 2033. “En cualquier caso, la junta ha acordado al rechazo a la arbitraria decisión del Gobierno, para que se defienda hasta las últimas instancias, incluyendo la responsabilidad patrimonial del Estado”.

Ence reclamará responsabilidad patrimonial al Estado si la Justicia dictamina el cierre de la planta gallega

Un margen de 14 años que les permitiría revisar el plan estratégico, buscar nuevas localizaciones para el negocio de la celulosa e incluso seguir profundizando en la diversificación del negocio en electricidad, donde ya cuentan con 400 megavatios. El consejero delegado de Ence también se atrevió a pronosticar los siguiente pasos de la compañía en el caso de que la justicia revoque la concesión. “En el caso de que todo salga mal y nos tengamos que ir, nos iríamos a una fábrica de celulosa, en un país que aporte seguridad jurídica, donde haya madera barata y competitiva y mano de obra barata. Eso no se llama el noroeste de España”, recalcó en clara alusión a la posibilidad de buscar otros destinos fuera de España. 

Durante su intervención en la junta de accionistas, el consejero delegado de Ence calificó 2018 como “el mejor año de la historia de la compañía” y estimó que las inversiones en los próximos cinco años van a superar los 1.100 millones de euros, de los que 500 millones de euros irán para celulosa y 615 para energía. De los 500 millones euros para celulosa, 350 estaban previstos para la planta de Pontevedra y ahora esa cifra se ha visto reducida a 50 millones. “Lo que tenemos comprometido lo estamos ejecutando, pero a partir de ahora toda la inversión irá a Navia. Queríamos ampliar nuestra capacidad de producción en 230.000 toneladas de celulosa en 2023 y todas ellas las vamos a hacer integras en Navia”, recalcó.

De Colmenares recalcó que destinarán más dinero a la división de energía que a la de celulosa, pese a las buenas perspectivas de la segunda por los precios internacionales y la demanda. El plan estratégico, que será comunicado a los mercados en una conferencia con inversores prevista para dos o tres semanas, incluye inversiones de 615 millones. “El objetivo es duplicar el resultado operativo de la compañía hasta los 550 millones en 2023, de los que 400 procederán de la celulosa y 150 de la energía. “Estamos mirando activos para comprar. En la actualidad tenemos 400 megavatios y queremos ir a mucho más. La fotovoltaica va a crecer mucho, queremos ser un player importante y al mismo tiempo la biomasa tiene recorrido. Creemos en la posibilidad de hibridar termosolar y biomasa”, recalcó.

Batalla legal por la concesión

Prórroga. La papelera obtuvo una prórroga de 60 años (50 más 10 por inversiones comprometidas) en 2016 para operar la planta que tiene en Pontevedra. Sin embargo, el Gobierno central decidió en marzo que la Abogacía del Estado no defenderá la prórroga hasta 2076 de la concesión de la planta, decidida en 2016 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que ha sido recurrida por plataformas vecinales, ecologistas y el Ayuntamiento de la ciudad.

Empleo y actividad. El consejero delegado de Ence recalcó que la anulación de la concesión a la planta de Pontevedra tendrá un impacto brutal en la economía gallega. “Tenemos la razón jurídica y social. De esa planta dependen 5.500 familias, de las que 400 empleos son fijos, 2.700 son contratistas y 2.100 trabajan en el sector forestal".

Resultados. Si finalmente se materializa el peor de los escenarios (la revocación de la concesión), la compañía calcula que tendrá un impacto sobre la cuenta de resultados de 185 millones, de los que 74 irían contra caja y otros 111 millones por deterioro del activo. De la primera cifra, 43 millones irían para desmantelamiento, 16 millones para la cancelación de los contratos en vigor y 15 millones por el coste del ERE.

Dividendo. La junta aprobó el pago de un dividendo complementario de 0,054 euros brutos por acción, que se hará efectivo el 11 de abril. Unido a los ya abonados, el pago total asciende a 0,263 euros brutos por título. En total, la cantidad abonada en 2018 es de 63 millones, un 69% más que en 2017.

 

 

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