Una ocasión de oro para mostrar que el bien común prima sobre la política
Paralizar otra vez la operación Chamartín no constituye una tarjeta de presentación aceptable para una economía moderna
Cuatro años después del último intento fallido de ver la luz, la Operación Chamartín está de nuevo entre interrogantes y su aprobación corre el riesgo de volver a paralizarse. Si en 2015 el proyecto impulsado por Distrito Castellana Norte (DCN), que contaba con el apoyo de la alcaldesa Ana Botella (PP), no fue finalmente llevado al último pleno de la legislatura en buena parte por la oposición de Esperanza Aguirre, ahora es la falta de tiempo y la necesidad de contar con voluntad política suficiente lo que puede poner en peligro la aprobación. A un mes para que finalice la legislatura, DCN, cuyo socio principal es BBVA con un 75% de la sociedad, contempla el último pleno municipal, de finales de abril, como casi la única posibilidad de evitar que el proyecto vuelva a quedarse en el tintero, esta vez con Manuela Carmena (Ahora Madrid) al frente de la corporación. Aunque existe acuerdo político suficiente para que se ratifique en esa fecha, resta contar con un último trámite ambiental que depende de la Comunidad de Madrid (PP), la cual dispone de cuatro meses para realizarlo y puede, por tanto, posibilitar o truncar la aprobación.
La historia de la Operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte, es larga y ha estado plagada de obstáculos. El desarrollo urbanístico del suelo situado al norte de la Estación de Chamartín se ha intentando aprobar en varias ocasiones a lo largo de los últimos 25 años, con el fin de cerrar la brecha ferroviaria que separa el este y el oeste en la zona norte de la capital. El proyecto actual contempla la construcción de 10.485 viviendas, 1,5 millones de metros cuadrados para oficinas y otros 103.119 metros cuadrados destinados a uso comercial. Constituye, por tanto, una oportunidad de primera magnitud para Madrid y un importantísimo foco de inversión económica, con un potencial de negocio de más de 13.000 millones.
Más allá de la contundencia de estas cifras, paralizar la Operación Chamartín está lejos de ser un gesto neutro. Aplazar de nuevo un plan urbanístico que lleva pendiente un cuarto de siglo no es una tarjeta de presentación aceptable para una economía moderna. En ese sentido, la historia del proyecto constituye un ejemplo de lo que no debe ser la relación entre el poder político y el mercado en una economía abierta. Aunque todo apunta a que en el peor de los casos la aprobación se producirá en la próxima legislatura, tanto el Gobierno regional como el municipal y las fuerzas políticas de uno y otro signo tienen en este momento una oportunidad inmejorable para demostrar a la ciudadanía que trabajan guiados por el bien común. Sería un grave error no aprovecharla.