Iberdrola y Naturgy dicen que la cesión gratis a Endesa de su parte en Almaraz sería ilegal

La cesión implica dar el control de la central a la filial española de Enel por lo que debería pasar por Bruselas. Los socios celebran hoy una nueva asamblea

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; José Bogas, consejero delegado de Endesa y Francisco Reynés, presidente de Naturgy.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; José Bogas, consejero delegado de Endesa y Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

La propuesta que Endesa ha puesto encima de la mesa para que Iberdrola y Naturgy le cedan gratis sus participaciones (del 53% y el 11%, respectivamente) en el hipotético caso de que quieran dejar de explotar la planta por no resultarles rentable, ha provocado una doble reacción entre los socios. Por un lado, les ha casusado una fuerte irritación ante lo que consideran una propuesta intolerable y, por otro, no dejan de considerarla un farol y una huida hacia adelante de Endesa, a la que acusan de que, en el fondo, no quiere cumplir el protocolo nuclear firmado por todas ellas para el cierre ordenado del parque atómico.

 La propuesta, que el propio consejero delegado de Endesa, José Bogas, suavizó ayer en unas declaraciones, se planteó el martes en la asamblea de socios convocada para acordar la solicitud de renovación de la licencia de la central, cuyo plazo tremina el día 31. Frente a Iberdrola y Naturgy, que quieren condicionar la petición final de licencia a que las inversiones que imponga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no supere las del plan de negocios acordado entre todas (400 millones de euros), Endesa no quiere atarse a condiciones. De ser inasumibles para sus socios, les propuso que le cedieran su parte.

Según fuentes empresariales, tanto si es una cesión como una venta, se trata de una transacción que debe tener un precio. Y si, según Endesa, para sus socios vale cero, ya que querrían abandonar la explotación, para Endesa el valor es muy elevado, según Iberdrola y Naturgy, ya que quiere continuar con la misma.

En medio de esta disquisición, las mismas fuentes consideran “que sería una operación ilegal”, pues debería ser sometida al control de concentraciones por parte de la Comisión Europea. Y es que la cesión de Almaraz a una compañía controlada por el grupo italiano Enel, se consideraría una operación intracomunitaria.

Por esta misma razón, el Gobierno no ha podido eliminar, tal como prometió, la unanimidad a la que están atados los socios de las centrales nucleares, por ser agrupaciones de interés económica. Su desaparición supondría dar el control de cada planta a una sola empresa. Ahora, salvo Cofrentes y Ascó I, propiedad 100% de Iberdrola y Endesa, están participadas por todas las grandes eléctricas. Quitar la unanimidad obligaría a someterlo a la autorización de Bruselas.

Tras el desacuerdo de la asamblea del martes, los responsables de las compañías se volverán a reunir hoy en una nueva asamblea, pero, dado el enconamiento, todo apunta a que la de hoy volverá “ser más de lo mismo”.

Iberdrola, que dice que se “ceñirá estrictamente al protocolo”, se enfrentó ayer con Endesa en otra asamblea, la de la central nuclear de Vandellós, que ambas comparten. En este caso, también para acordar la renovación de la licencia, en este caso, por 10 años, ya que esta central no cerrará hasta 2035. Como un proceso parece ligado al otro, tampoco para este hubo acuerdo.

El día de la marmota

Iberdrola y Naturgy han propuesto pedir la licencia de prórroga de Almaraz I y II al CSN antes de las 12 de la noche del día 30, hasta noviembre de 2027 y octubre de 2028, respectivametne. En esto Endesa está de acuerdo.

Dado que el organismo de seguridad nuclear tiene todo el año para estudiar la documentación e imponer sus condiciones, en el plazo de alegaciones (dos meses antes del fin de la actual licencia, en junio de 2020) las empresas podrían comprobar si dichas condiciones se ajustan a su plan de inversiones.

De exceder su plan de negcoios podrían desistir de la autorización. Y es que si renuncian con la licencia en regla, se les impondría una multa de 18 millones por planta, como ocurrió en el caso de la central de Garoña, que fue parada por decisión unilateral de sus titulaes, Endesa e Iberdrola.

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