Endesa pide a Iberdrola y Naturgy que le cedan gratis su parte de Almaraz si deciden salir
Las tres eléctricas mantuvieron hasta entrada la noche una tensa asamblea, que acabó sin acuerdo
La asamblea de socios de Almaraz celebrada ayer se inició de nuevo con las espadas en alto. Los propietarios de la central nuclear cacereña (Iberdrola, Endesa y Naturgy) intentaron un acuerdo hasta bien entrada la noche para solicitar la renovación de la licencia, que termina el 31 de marzo, dado que el tiempo apremia y que las tres compañías han firmado un protocolo con Enresa para el cierre ordenado del parque atómico hasta 2035. Tras horas de negociación, las empresas se mostraban pesimistas ante la posibilidad de un pacto, aunque tampoco era descartable.
Según el protocolo, los primeros reactores en cerrar, por ser los más antiguos, son los de Almaraz I y II, en 2027 y 2028, respectivamente. Las tres energéticas coinciden en respetar esas fechas, pero esa es la única coincidencia a la vista de lo ocurrido. El tándem Iberdrola-Naturgy insiste en ponerse condiciones de inversión para mantener la licencia hasta esas fechas, que Endesa rechaza porque, en su opinión, no está en el protocolo. Sí figura, según sus rivales, en un anexo que todas firmaron el martes pasado, que incluye un plan de negocio que -dicen sus rivales- se niega a cumplir.
Sobre la base de dicho plan, las empresas consideran que las inversiones que se pueden realizar en cada instalación son de 400 millones de euros hasta los años de cierre (360 millones en seguros y mantenimiento y otros 40 millones por revisiones periódicas, que Endesa prefiere calcular en 100 millones). A esas inversiones se añadió una holgura del 15%, por lo que las inversiones ascienden a 460 millones. Por tanto, en principio, si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo obligatoriamente al margen del protocolo, exigiese más, los socios desistirían de la licencia.
La propuesta inicial era firmar ahora el compromiso a futuro de desistir de forma automática en el momento en que se les impusieran inversiones extraordinarias. Ante la negativa de la eléctrica que dirige José Bogas, ayer se cambió dicha propuesta por esta otra: si las inversiones en un momento dado resultan inasumibles, los socios se reunirán para tomar la decisión de renunciar a la licencia por unanimidad (esto es así, por tratarse de agrupaciones de interés económico o una comunidad de bienes empresarial y no una sociedad anónima).
Según las competidoras de Endesa, esta se mantuvo ayer de acuerdo en esta cuestión, pero pidió que la unanimidad se aplicara para decidir “el no desistimiento”, lo que las dejaba a ambas en sus manos. Por su parte, la eléctrica que actúa en solitario asegura que su propuesta es que, llegado a ese extremo, que, "o todas desistan, o todas continúen o que, a la que quiera seguir, las demás le cedan gratis su participación". También sus fondos para el predesmantelamiento de las centrales, un proceso que dura tres años tras el cierre, el plazo previo al desmantelamiento definitivo, que asumen directamente las empresas y no los fondos de Enresa.
En un hipotético divorcio, Endesa reclama estos fondos, que ascienden a unos 800 millones de euros por cada central, a sus socios (más exactamente, la parte proporcional a su participación) y que todas las empresas tienen provisionados. Ese importe es motivo de otras disensiones, ya que Iberdrola los computa como parte de las inversiones de la central.
Otro punto de fricción es que los socios aliados de Almaraz quieren poner por escrito que en las fechas acordadas “se cerrará”. Porque, aunque en el protocolo ya figuran los años de clausura de cada una, aquellas entienden que se trata de un acuerdo de intenciones que deben plasmar en un contrato, cuyo incumplimiento se pueda llevar a los tribunales en caso necesario.
Endesa considera que el “término cierre” sobra porque, una vez caduque la nueva licencia, por 7,4 años a partir de 2020 en que termina la actual, no será posible que siga funcionando si los dos socios restantes no quieren dada la unanimidad obligatoria.
Extremadura
El lunes, el presidente de esta energética, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pusieron la primera piedra del megaproyecto fotovoltaico de 500 MW que la compañía construirá en Usagre (Badajoz). En el acto, y para sorpresa de algunos, Galán pidió que se respetara el protocolo nuclear, en alusión a Endesa, y dijo hablar en nombre de Iberdrola y Naturgy.
En contraprestación al cierre de los dos grupos de Almaraz, que dio por hecho en 2027 y 2028, Iberdrola prevé construir 2.000 MW de renovables en la región, si bien, en términos de producción, estas solo representarán un tercio de la nuclear que se clausurará definitivamente en 2029.
Dadas la situación, está por ver si el cierre se producirá a los 40 años (en 2023), según el calendario del protocolo (en 2027 y 2028) o si la nuclear cacereña se convertirá en una nueva Garoña II.
Al hilo de la reunión de ayer, el Ayuntamiento de Almaraz y el comité de empresa de la central nuclear protagonizaron varios actos de protesta a la espera de conocer la decisión definitiva de las propietarias de la instalación sobre la solicitud de renovación de la licencia, informa Efe.
El ayuntamiento de la localidad cacereña y un grupo de mujeres se concentraron en apoyo de los trabajadores de la instalación. Por su parte, los miembros del comité de empresa decidieron no abandonar las instalaciones hasta no conocer el resultado del encuentro que mantendrán las propietarias.
Sobre la firma