Las empresas piden tipos reducidos de Sociedades y cotizaciones para los primeros años de actividad

Los empresarios quieren que la edad de jubilación aumente a medida que lo haga la esperanza de vida

Presidente de la  Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.
Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

Los empresarios ya han hecho su carta de peticiones a los partidos políticos para los programas electorales. La Junta Directiva de la patronal CEOE ha aprobado hoy un documento de 30 páginas con un centenar de propuestas entre las que reclaman fundamentalmente: menos impuestos, incentivos a la inversión productiva y a la creación de empleo y menos gasto público. En general demandan nuevas reformas y pactos de Estado sobre varias materias, "porque el único momento en el que suelen acometerse reformas estructurales de calado es al principio de una legislatura" .

Impuestos

El área dónde los empresarios hacen más peticiones y están más detalladas, en la nueva etapa de la organización empresarial liderada por Antonio Garamendi, es la tributaria. Entre las medidas más novedosas esta el establecimiento de tipos inferiores tanto en el impuesto sobre sociedades como en las cotizaciones a la Seguridad Social en los primeros años de actividad, "para favorecer las nuevas iniciativas empresariales".

Para las empresas ya consolidadas, reclaman al próximo Gobierno la "adecuación" del impuesto de sociedades "a la capacidad real de las empresas considerada interanualmente, eliminando las limitaciones en la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros". Pide además que se corrijan totalmente los supuestos de doble imposición, tanto nacionales como extranjeros mediante la exención total de dividendos y ganancias patrimoniales.

Exigen una reducción de los tipos marginales del IRPF y elevar el umbral a partir del cual se aplican. Mantienen su histórica reivindicación de rebajar de forma generalizada las cotizaciones sociales y piden la eliminación del impuesto sobre el impuesto sobre el patrimonio y la reducción del de sucesiones y donaciones que, según se quejan, "alcanza niveles confiscatorios en algunas comunidades autónomas".

En un tirón de orejas al actual Gobierno socialista, que incluye nuevos tributos en su cartera de propuestas, consideran por encima de todas estas peticiones, que "hay que evitar introducir nuevas figuras impositivas, solo justificadas por impacto mediático y no por razones de eficiencia del interés general". Finalmente, apuestan por coordinar de manera urgente las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales y por "reducir la excesiva litigiosidad tributaria".

Empleo y negociación colectiva

En materia laboral, los empresarios no introducen novedades a la hora de pedir medidas legislativas. Reclaman viejas recetas como "atenuar la dualidad existente entre la contratación temporal e indefinida", lo que es una forma de reclamar una reducción de costes --fundamentalmente del despido-- de los empleados fijos para recortar las diferencias entre ambos tipos de trabajadores.

Al tiempo, en CEOE consideran necesario potenciar la contratación indefinida, "sin penalizar la temporal", algo que ha hecho el Gobierno socialista incrementando la cotización de los contratos de menos de siete días de duración.

En este punto se refieren, sin citarla, a una de las reformas estructurales que demandan, pero no para realizarla sino para "no revertirla": la reforma laboral. Concretamente, piden claramente que se mantenga el cese de la ultraactividad de los convenios; la prioridad del convenio de empresa y la regulación de la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio, como ejes centrales de la negociación colectiva. Todas estas medidas que CEOE pide a los partidos que no cambien, son precisamente las que el Gobierno socialista pactó con los sindicatos retornar a la situación previa a la reforma de 2012 pero que, finalmente, Pedro Sánchez ha renunciado a hacer.

Pensiones

Dado que los empresarios quieren una rebaja generalizada de cuotas a la Seguridad Social, proponen a los partidos que determinen "clara y nítidamente" las prestaciones de carácter contributivo y su financiación con cotizaciones; y que el Estado asuma el resto de los gastos del sistema.

Además, para garantizar la sostenibilidad del sistema público, apuestan por una medida que podría ser polémica: "el aumento de la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida". Sugieren así el diseño de un nuevo factor de sostenibilidad, que en lugar de recortar las nuevas prestaciones en función del aumento de la esperanza de vida, lo que hiciera fuera retrasar la edad de retiro, como mecanismo automático de ajuste del gasto.

Asimismo, creen que hay margen para optimizar los gastos de la Seguridad Social con una gestión eficiente de las prestaciones de incapacidad temporal (las bajas médicas de los trabajadores) y a través de "la mejora de los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del absentismo". Y, para completar las pensiones públicas, apuestan por otra reforma estructural: la del marco regulador de las pensiones privadas. En este punto, los empresarios demandan "incentivos fiscales y mayor transparencia y disponibilidad".

Otras propuestas

Unidad de mercado. “Legislar menos, legislar más”. Desde CEOE mantienen este consejo para el nuevo Gobierno que salga de las urnas. Sobre todo, exigen una mejora de la “técnica jurídica” en la redacción de las normas; y que se garanice la coordinación normativa entre administraciones y la eliminación de barreras entre regiones. Para ello propone avanzar en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Formación. Los empresarios reclaman al futuro nuevo Gobierno una regulación de la formación profesional “más vinculada a la producción y al empleo”; impulsar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte/diseño y matemáticas). Y demandan crear “desgravaciones fiscales de las enseñanzas obligatorias”.

Infraestructuras. La CEOE considera que España necesita una inversión de casi 114.000 millones para construir infraestructuras (transporte, logísticas, medioambientales y de agua).

Igualdad. Reclaman subsidios “eficaces” como la “necesaria desgravación fiscal” para el empleo doméstico y el “tratamiento fiscal neutro para el segundo sustentador familiar”. Y admiten la necesidad de “avanzar en la racionalización horaria”.

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