Las comunidades cumplen por la mínima con el plazo de pago a proveedores
Las regiones cumplen en los 30 días de plazo máximo que incumplen la administración central y los ayuntamientos
La normativa de morosidad recogida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) impone a las administraciones públicas la obligación de pagar a sus proveedores en un periodo máximo de 30 días. Los datos de cierre de 2018, publicados ayer por el Ministerio de Hacienda, indican que los ayuntamientos duplicaron el plazo legal, que la administración central lo superó claramente y que solo la Seguridad Social cumple holgadamente con él, si bien las cifras indican que también las comunidades autónomas lograron salvar el compromiso por la mínima.
En concreto, las regiones pagaron en diciembre en un periodo medio de 30,05 días, y en 29,9 días de media en el conjunto del año. La cifra supone una importante mejora frente al máximo de 39,47 días alcanzado en agosto y reconduce la morosidad pública de las regiones tras el vuelco al alza de 2018. En marzo del año pasado, las comunidades acumulaban 16 meses consecutivos por debajo de los 30 días de periodo de pago, marcando en 14,13 días el plazo más bajo desde el arranque de la serie, en septiembre de 2014. En abril, sin embargo, la cifra se disparó a 35 días.
Semejante salto se dio por la entrada en vigor de una nueva metodología de cálculo que adaptó el modelo español al europeo. Hasta entonces, los días transcurridos hasta el pago se contaban desde el registro de la factura o la aprobación del certificado de obra, pero desde abril el cálculo se inicia desde la fecha de aprobación del certificado de obra o de los documentos que acrediten la entrega de bienes o la prestación de servicios, aunque la factura se emita después.
La buena media final esconde, no obstante, fuertes diferencias por territorios. A cierre del año, con todo, solo Cantabria superaba el llamado “plazo excesivo” de más de 60 días, con 77,4 jornadas de media, si bien Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Extremadura superaban los 30 días. El resto se situaba por debajo, con Galicia y sus 16,9 días de media en el otro extremo.
En el caso de la administración central, la demora en diciembre fue de 32,61 días (39,12 de media anual). A cierre de 2018, la peor pagadora era la empresa pública Valladolid Alta Velocidad 2003, con 281,25 días de demora; seguida del consorcio del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Atapuerca (Cenieh), con 232,95 días, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, con 232,5 días, y de varias confederaciones hidrográficas. Por su parte, el ente público de Radio Televisión Española (RTVE), en liquidación desde el traspaso de estos medios a la nueva fórmula de Corporación pública, encabeza la lista de mejores pagadores, con menos de un día de demora, igual que el Consorcio del Castillo de San Fernando de Figueres, el centro universitario de la Defensa, o el parque central de alta velocidad de Valencia.
La Seguridad Social, a su vez, sigue siendo la administración más modélica: en diciembre pagaba en 23,51 días (19,5 de media en 2018) con buena parte de las mutuas abonando en solo unos días y la excepción del Fondo de Garantía Salarial (FGS), que tarda de 128,14 días en pagar.
La mayor demora es de los ayuntamientos y entes locales que en diciembre tardaron 46,2 días en pagar a sus proveedores, llegando a 62,12 en la media de 2018.
