¿Qué cambia con el nuevo real decreto ley en materia laboral?

El Gobierno renuncia ya abiertamente a derogar parte de la reforma laboral pero lega una batería de medidas publicadas este martes en el BOE

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

El primer Consejo de Ministros que reúne al Gobierno de Pedro Sánchez tras la disolución de las Cortes aprobó el viernes una nueva batería de medidas sociales, esta “de protección social y lucha contra la precariedad laboral”, en forma de real decreto ley. Como ocurrió con los de igualdad, alquileres y Brexit de la semana anterior, este deberá ser convalidado ya por la Diputación Permanente del Parlamento.

Mientras la oposición critica que el Ejecutivo siga aprobando medidas en la recta final hacia las elecciones del 28 de abril, el Gobierno defiende su urgente necesidad. No obstante, el sorpresivo tono aséptico con el que anunciaron las medidas la ministra portavoz, Isabel Celaá, y la responsable de Trabajo, Magdalena Valerio, da cuenta de la preocupación en el Ejecutivo por evitar una imagen “electoralista”.

“La vida sigue”, dijo Valerio, renunciando ya abiertamente al plan del Gobierno de “derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”, ante la dificultad de lograr un consenso en la precampaña electoral y relegando la reforma del Estatuto de los Trabajadores a después de los comicios. La ministra defendió, eso sí, la necesidad de impulsar ya estas medidas laborales que, sin embargo, entrarán en vigor entre este martes, cuando se han publicado en el BOE, y mediados del mes de mayo:

  • Registro horario. El decreto da dos meses a las empresas para crear registros con el horario de inicio y finalización de la jornada laboral de cada empleado que deberán guardar cuatro años a disposición de la plantilla, sus representantes o la Inspección de Trabajo. Esta venía reclamando este control porque sin ellos le es complicado demostrar los fraudes en supuestas jornadas parciales que se extienden todo el día o en horas extra por las que no se cotiza. El sistema de registro se delega, eso sí, en la negociación colectiva entre empresas y sindicatos o, en su defecto, se deja a criterio del empresario. Incumplir el mandato será infracción grave, multada hasta con 6.250 euros.
  • Subsidio para mayores. El Gobierno vuelve a rebajar de 55 a 52 años el acceso al subsidio para mayores desempleados, lo que sumará 114.000 a los 266.000 beneficiarios actuales de esta paga de 430 euros al mes. El Estado cotizará por todos ellos al 125% de la base mínima, frente al 100% actual, para facilitar su acceso a una pensión mínima y les permitirá cobrar la ayuda hasta la edad legal de jubilación en lugar de imponerles el retiro anticipado si no encuentran trabajo antes.
  • Contratos bonificados. Trabajo bonificará con 1.300 euros anuales a las empresas que hagan contrato fijo a hombres que lleven al menos 18 meses en el paro si les emplean al menos tres años, y con 1.500 si son mujeres en la misma condición. Valerio alegó que el 64% de los 1,326 millones de parados de larga duración son mujeres.
  • Pobreza infantil. Las prestaciones no contributivas por hijo al cargo suben de 291 a 341 euros y hasta 588 euros en casos de pobreza severa, lo que se prevé ayude a 80.000 personas.
  • Fijos discontinuos. Se bonificará al 50% la cuota de los empleados fijos discontinuos de comercio, hostelería y turismo en los meses de temporada baja de febrero, marzo y noviembre.
  • Ayuda a inmigrantes. Se recupera un fondo de integración laboral, educativa y social de inmigrantes dotado con 70 millones.
  • Incapacidad. Aumenta a 6.930 euros al año la pensión mínima contributiva por incapacidad temporal permanente.
  • Empleo agrario. La cuota de asalariados agrarios se reducen un 14,6% durante su inactividad para evitar que el alza de las bases mínimas dispare su cuota de 98 a 120,75 euros, dejándola en 103,12 euros. También se bonifica la conversión de temporales del ramo en fijos.
  • Paro juvenil. Se inscribe a todos los parados menores de 30 años en el Sistema de Garantía Juvenil para aprovechar los 600 millones de fondos europeos.
  • Artistas inactivos. Se permite a los artistas cotizar en el Régimen General durante periodos de inactividad.

El coste de los decretos: 1.300 millones a cuenta del alza de cotizaciones

Coste de los decretos. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, detalló ayer que ampliar el subsidio para mayores desempleados costará 348,7 millones de euros en 2019. Esta medida, la mayor pensión por incapacidad temporal, la reducción de cuotas a trabajadores agrarios junto al incremento del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas (300 millones) o la cotización de las cuidadoras (310 millones) que se aprobaron la pasada semana, suman un coste de 1.300 millones, detalló Valerio, asegurando que todo esto se sufragará a cuenta del alza de las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta ingresará 3.300 millones extra en 2019, estimó, por el aumento de las bases de cotización. Otras medidas como la bonificación por contratar a parados (25,68 millones), la de los fijos discontinuos del sector turismo (15 millones), la conversión de eventuales del sector agrario en indefinidos (12,7 millones) o los 70 millones del fondo de inmigrantes se lograrán sin causar gasto adicional reordenando las asignaciones de políticas de empleo del Presupuesto de 2018, que ha sido prorrogado. Para ello, ilustró, se eliminan otras bonificaciones como las del contrato indefinido de ayuda a emprendedores.

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