El Gobierno no limita el precio del alquiler, pero interviene su renta

Una regulación estricta habría sido una medida fuertemente invasiva y con capacidad para retraer la oferta

Tras un primer intento frustrado hace tan solo un mes, cuando Podemos tumbó el texto en el Congreso por considerarlo insuficiente, el Gobierno ha aprobado su anunciado real decreto ley en materia de vivienda y alquileres. El texto ha renunciado, a última hora y con acierto, a la pretensión de facultar a las comunidades autónomas para limitar los precios de los arrendamientos y ha sustituido esa medida por la creación de unos índices oficiales “informativos” sobre las rentas y por la indexación de las subidas de estas al IPC mientras dure el contrato.

El índice de precios no equivale a limitar, tal y como se barajó, los precios –una medida que afecta al derecho de propiedad y no podría haber sido adoptada en ningún caso a través de un decreto ley–, pero sí endulza el texto lo suficiente como para que la formación de Pablo Iglesias pueda prestarle apoyo sin sonrojo y sirva de acicate de cara a la campaña electoral que viene. Una limitación estricta habría sido una medida fuertemente invasiva y con capacidad suficiente para desequilibrar y retraer la oferta en el mercado. Sin llegar ese extremo, habría sido más razonable dejar todo lo referido a la actualización de la renta sometido a la voluntad de las partes, en lugar de establecer una indexación al IPC que interviene en esta y limita la libertad contractual.

El Gobierno ha renunciado a autorizar a los ayuntamientos para que puedan bonificar el IBI a aquellos propietarios que se ciñan al indice de precios a la hora de fijar sus rentas, una decisión acorde con la prudencia que debe guíar siempre el uso de incentivos fiscales. La norma mantiene, sin embargo, medidas de mayor protección al arrendatario, como el aumento de la duración de los contratos o la mejora de garantías frente a los deshaucios.

Más allá de su contenido, el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, al que hay que unir el real decreto de medidas en favor de la igualdad, comparte los defectos de procedimiento de todas las normas que ha aprobado en los últimos tiempos el Gobierno. Ni el momento, el final de la legislatura, ni la herramienta, que está legitimada para materias urgentes, ni el contenido, con fuertes tintes populistas, parecen apropiados ni políticamente ortodoxos para un Ejecutivo que tiene ante sí el horizonte de unas elecciones generales.