Ferroatlántica aplica un ERTE para 550 empleados por el alto precio de la energía
Será de carácter rotatorio y afectará a los trabajadores de las tres fábricas y oficinas que tiene la compañía en España
Ferroatlántica ha acordado este martes la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de dos años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma en las tres fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.
El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus dos fábricas de A Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid.
En virtud del acuerdo, el ERTE se extenderá durante dos años, desde el próximo 1 de marzo hasta febrero de 2021. Se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador, según informaron a Europa Press fuentes sindicales.
En el caso de la fábrica cántabra de Guarnizo-Maliaño, que tiene una plantilla de 144 trabajadores, el ERE no supondrá la parada de sus cinco hornos, “por necesidades de producción y para poder cumplir con todos los contratos”, según aseguró el presidente del comité de empresa de la factoría, Francisco de la Hoz.
En cuanto a las condiciones para los trabajadores, el pacto contempla un suplemento de prestación por desempleo de hasta el 85% del salario bruto mensual de los empleados, que además recibirán el 100% de sus pagas extras y vacaciones, y treinta horas de formación.
Ferroatlántica se suma así a compañías como Cemex, Alcoa o Vestas que han anunciado cierres en los últimos meses. Actualmente, el Gobierno se encuentra diseñando medidas para apoyar a las industrias electrointensivas.
Todos los sindicatos de la compañía (CCOO, UGT y USO) aceptaron el pacto con la dirección de Ferroatlántica, excepto CIG, que considera que es un mal trato “sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre”.