Sandbox financiero: innovación segura
La regulación de esta figura quiere crear un entorno para poder probar iniciativas tecnológicas antes de su comercialización
La revolución digital es, posiblemente, uno de los procesos más disruptivos que nos está tocando vivir y sus repercusiones sobre todos los ámbitos –económicos, sociales y personales– ya están aquí. No hablamos de futuro, hablamos de presente.
La transformación digital de la economía en su conjunto y del sector financiero en particular implica un cambio estructural. Desde la óptica de las autoridades públicas este cambio acelerado, impulsado por las nuevas tecnologías y por los modelos de negocio basados en las mismas, supone sin duda un reto de adaptación tecnológica, pero también otro más fundamental: la política financiera tiene que garantizar que la innovación aplicada al ámbito financiero es segura y beneficia al conjunto de la sociedad.
El trabajo en el Ministerio de Economía y Empresa en este ámbito en la presente legislatura ha tenido por objetivo poner en marcha una regulación adecuada, que permita que la innovación se desarrolle de forma tan eficaz como segura para los usuarios. Para ello es esencial que la legislación financiera acompañe el proceso de transformación digital y refuerce las capacidades supervisoras. Estoy convencida de que abordar esta cuestión en la regulación otorgará importantes ventajas competitivas a nuestro país, incrementará la seguridad jurídica y nos colocará en una posición de vanguardia frente a otros países de nuestro entorno.
El Anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sector Financiero que se ha presentado da una respuesta integral a las implicaciones de la transformación digital en el sistema financiero. Las medidas incluidas en el proyecto se han diseñado con el objetivo de que el mejor acceso a la financiación de los distintos sectores productivos, el desarrollo de servicios financieros más eficientes y la mayor captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo que sin duda se derivan de la innovación, se realicen de forma que se garantice la seguridad de los participantes en el proceso.
Entre las medidas que se abordan en el Anteproyecto de Ley presentado destaca la creación de un espacio controlado de pruebas o sandbox que facilitará la adaptación al proceso de transformación digital tanto a los actores públicos (legisladores y supervisores financieros) como a los privados. El sandbox se ha diseñado para crear condiciones seguras en las que puedan probarse innovaciones tecnológicas en el ámbito financiero antes de su comercialización, bajo la vigilancia de los supervisores y con máximas garantías para todos los participantes. El objetivo por tanto es que las innovaciones en este ámbito –que como es bien sabido se producirían en todo caso - aunque la legislación no se hubiera modernizado al efecto- se realicen de forma más controlada, segura y adecuadamente supervisada por las autoridades correspondientes. Para ello se ha previsto un esquema jurídico ley-protocolo, que permite aunar la seguridad jurídica necesaria con la flexibilidad que en este ámbito precisan las empresas innovadoras, pues en cada caso se determinará el alcance, la duración y demás circunstancias concretas en que se celebrará cada prueba.
Los beneficios de esta aproximación se han constatado ya en otros países, en los que los sandbox creados están permitiendo que las innovaciones tecnológicas aplicadas al ámbito financiero sean probadas antes de ponerse en práctica; que los supervisores adquieran un mejor conocimiento de los nuevos desarrollos y puedan así garantizar una adecuada protección a los clientes de servicios financieros y evitar cualquier riesgo para la estabilidad financiera y que además se reduzca el tiempo y coste de la puesta en producción de las ideas innovadoras, cuestión esta última que también me parece esencial. España no podía quedar atrás en este proceso.
El sandbox es sin duda la medida más conocida y de la que más se ha venido hablando en los últimos meses, pero no es ni mucho menos la única en este Anteproyecto de Ley. La propuesta incluye medidas como la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, que garantice que los requisitos exigidos sean proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando igualdad de trato a todas las entidades.
Además, prevé la puesta en marcha de un canal de comunicación directa entre empresas y autoridades en el ámbito fintech que permita obtener una respuesta de la Administración a posibles dudas sobre la aplicación de la normativa y prevé un mecanismo de rendición de cuentas que refuerce la transparencia en la gestión pública de este asunto a través del envío a las cortes de un informe anual sobre transformación digital del sistema financiero, entre otras muchas medidas.
En resumen, este proyecto trata de abordar los cambios derivados de la transformación digital del sistema financiero con un conjunto de mecanismos novedosos que funcionen de forma entrelazada y garanticen una adecuada supervisión de un proceso esencial para impulsar la competencia en el sector y mejorar el acceso de los consumidores a los servicios financieros. Se trata, en definitiva, de la defensa del interés general, que es a mi juicio el objetivo que debe guiar la actuación de los poderes públicos y orientar la elaboración de cualquier proyecto normativo.
Ana de la Cueva es Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa