El exterminio de los interinos

El TJUE ha manifestado en múltiples ocasiones que el personal temporal de larga duración es ilegal

El exterminio de los interinos
Getty images

La Administración no sabe qué hacer con tanto personal interino. Así que se ha propuesto acabar con ellos, nada más ni nada menos que entre 600.000 y 900.000, según los últimos datos. ¿Por qué y por qué ahora?

Para empezar, porque a la Administración se le ha desbordado el número de interinos que ella misma ha ido creando a lo largo de más de dos décadas. El sector público ha ido contratando a personal interino, tanto laboral como funcionario, no para resolver cuestiones temporales, puntuales y urgentes, como le permite la normativa, sino para cubrir puestos y vacantes permanentes, con trabajos iguales que el resto del personal funcionario.

Con esta práctica, que tanto los tribunales españoles como los europeos han fallado como fraudulenta, la Administración se ha saltado plazos y procesos de selección que debían de haberse convocado en un espacio máximo de tres años tras la contratación del personal interino. En vez de cumplir la ley, el sector público ha mantenido a este personal interino en sus puestos por más de 20 años en algunos casos.

El Tribunal de Justicia Europeo ha manifestado en múltiples ocasiones que el personal interino de larga duración es ilegal, que está en fraude de ley. Y que debe corregirse dicha situación con la formalización de un contrato indefinido o, en caso de finalizar la relación con el sector público, con la debida indemnización. Pero la Administración no realiza ni lo uno ni lo otro. ¿Y por qué ahora? Es tiempo de elecciones. La Administración quiere vender que va a convocar un gran número de plazas fijas, ya que las de los funcionarios interinos no son fijas.

Campaña electoral

Las elecciones pesan más que la situación legal de muchos trabajadores interinos. O sea: echamos a 900.000 trabajadores, algunos muy cercanos a su edad de jubilación, con mínimas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, y vendemos que convocamos las plazas de los despedidos. Es decir: miles de interinos se van a quedar sin trabajo, porque los años transcurridos como interino no suman puntos en el concurso para conseguir la plaza que han estado ocupando.

Y sin indemnización, porque, a pesar de que el Tribunal Supremo reconoce que es un fraude de ley mantener a un interino más de tres años en la misma plaza, el alto tribunal obliga a los interinos a ir a juicio y justificar los daños sufridos para que sea un juez quien determine la indemnización a percibir.

Es curioso cómo a menudo se critica desde los poderes públicos a la empresa privada por no cumplir la ley. A la mayoría de los partidos políticos se les llena la boca con estrategias para amparar al trabajador y protegerle de posibles abusos por parte de los empresarios.

Pero cuando la Administración es la empresa, cuando la Administración es la que contrata, hace caso omiso a la legislación que ella misma ha impulsado. Ya saben qué dice el refrán: “En casa del herrero, cuchillo de palo”. No puede ser más ilustrativo en este caso. La legislación europea y los tribunales comunitarios han dejado bien claro que, tanto en la empresa privada como en el sector público, todos los trabajadores de una misma empresa deben tener los mismos derechos.

Y un trabajador que ha estado en fraude de ley debe tener un contrato indefinido, como es el caso de los interinos tras tres años en el mismo puesto. También lo ha dejado claro, como hemos señalado, el Tribunal Supremo, que ha declarado nulo cesar a interinos contratados de manera abusiva.

Así que se avecina una larga y costosa batalla legal para defender los derechos laborales que la propia Administración ha negado a miles de trabajadores interinos. Podría evitarse. Porque, señores políticos, al personal interino no hay que exterminarlo, hay que legalizarlo, hay que dar una solución al despropósito que ustedes mismos han provocado.

Isabel Palomino, abogada y socia del despacho Negotia.

Normas