Alegato por la racionalidad en la regulación de la movilidad urbana
El remedio pasa por adoptar una solución que permita la llegada de lo nuevo a la vez que facilite la adaptación de lo existente
El filósofo y matemático angloamericano Alfred N. Whitehead dijo en su momento que “los mayores progresos de la civilización se experimentan inicialmente como sus peores amenazas”. Muchos son los ejemplos de la veracidad de esta afirmación y, a pesar de ello, a veces seguimos negando lo inevitable, que el mundo cambia y no podemos pararlo.
El nuevo escenario de movilidad de las grandes urbes ha generado tensiones entre los modelos tradicionales y las nuevas formas de desplazarse. El mayor exponente lo vivimos actualmente en España entre los VTC y el sector del taxi, dos modelos que, sin embargo, lejos de confrontarse, se complementan.
Las plataformas tecnológicas que permiten contratar servicios a distancia se han desarrollado enormemente en los últimos años, y parece difícil pensar ya en un mundo sin ellas. Pretender que desaparezcan una vez validadas por la experiencia óptima de los usuarios es tratar de evitar lo inevitable. Pero, al tiempo, hay que tener en cuenta que las virulentas reacciones de los taxistas parecen encontrar su origen en un insólito mercado negro de licencias en el que muchos de sus titulares pagaron cantidades astronómicas y encuentran, en el precio que obtendrían por ellas, su particular fondo de pensiones. Al mismo tiempo, es prioritario considerar el interés de los usuarios, que se encuentra obviamente en la apertura a la competencia y en la modernización del servicio.
En este contexto, podemos considerar que el remedio al conflicto del transporte urbano de pasajeros pasa por adoptar una solución que permita la llegada de lo nuevo a la vez que facilite la adaptación de lo existente. Así, por mucho que la normas se retuerzan, al final taxis y VTC deberían terminar conviviendo de forma natural.
Partiendo de esto, lo razonable sería pensar primero en qué modelo es mejor para los ciudadanos y, desde esa perspectiva, adoptar una legislación que garantice el desarrollo y la pervivencia de las diferentes alternativas. Esto no significa abolir uno de los modelos, que es con mucho la peor de todas las soluciones, sino arbitrar lo mejor de cada uno.
A este respecto, no debemos olvidar que este conflicto tuvo su origen en cierta diarrea normativa que dio lugar a que en poco tiempo hubiera tres modelos de regulación del sector VTC. Antes de la reforma exprés del actual Gobierno, en septiembre del año pasado, existía ya una normativa que limitaba la actividad VTC al ratio 1/30, garantizando ciertas prerrogativas para el taxi (contratación directa en vía pública; paradas en dicho espacio; uso del carril bus; espacios exclusivos en estaciones de tren y aeropuertos).
Este modelo, que quebró a consecuencia de sentencias judiciales que reconocían el derecho en masa de los solicitantes de nuevas licencias VTC que subsistió durante un breve periodo normativo, fue sustituido por el mencionado de septiembre que no perseguía dar solución a un problema de movilidad o satisfacer las demandas de los ciudadanos, sino “sacar a los taxis de las calles”. Como se ha visto recientemente en Barcelona y ahora en Madrid, la normativa, lejos de solucionar el problema, lo ha agravado, fragmentando además las posibles soluciones en tantas como comunidades autónomas y ayuntamientos hay en nuestro país.
La solución última pasa entonces por identificar dónde está el interés principal y darle solución, articulando los mecanismos compensatorios necesarios. Siendo el objetivo satisfacer de la mejor manera posible la movilidad en grandes ciudades, la solución pasa por la coexistencia de alternativas y la posibilidad de que éstas compitan entre sí. Y en un entorno en el que el ciudadano cada vez disfruta de más alternativas, no parece lógico que el taxi esté sometido a una intensa regulación que limita sus horarios, tarifas y días de libranza.
Se hace necesario, por tanto, permitir al sector tradicional adaptarse al nuevo entorno y al que se avecina, de modo que, con sus diferencias, todos subsistan en la medida que satisfagan una necesidad para el consumidor. Se han propuesto soluciones a este respecto, como compaginar cierta liberalización del taxi, manteniendo sus actuales prerrogativas (espacios de uso exclusivo, satisfacción de demanda inmediata), con la armonización de ciertas características VTC (libertad de precios, posibilidad de contratación mediante apps) y requisitos para los conductores (examen de capacidades, conocimiento del idioma local y del callejero urbano, indumentaria adecuada, etc.). Si como consecuencia de esta armonización surge la necesidad de acometer cierta restructuración del sector del taxi, también se han apuntado iniciativas como crear un fondo compensatorio que se nutriría del pago de una pequeña tasa por servicio.
En definitiva, deben exigirse a nuestras autoridades soluciones que hagan posible estas realidades y que no pueden pasar ni por la desaparición de nuevas opciones de movilidad ni por el desconocimiento de la realidad del sector del taxi. En eso radica su función, pero, como señaló el pintor y escritor suizo Friedrich Dürrenmatt: “¡qué tiempos éstos en los que hay que luchar por las cosas evidentes!”.
Luis Berenguer y José Manuel Sipos, senior advisor y socio de Competencia de BROSETA