Finanzas

El capital riesgo pide por carta al Gobierno mejoras fiscales y menos burocracia

El sector espera la respuesta del ministerio, si bien entienden que Francisco Polo puede ser un aliado para sus intereses

 La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño EFE

Hace ya más de un mes del día de Reyes, pero el capital riesgo acaba de escribir ahora su carta de peticiones al Gobierno. Ascri, la patronal española del capital privado, junto a otras asociaciones y organizaciones del sector remitió la semana pasada una carta a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías. En ella canaliza las ideas que el sector considera imprescindibles para que España se constituya en un polo de atracción de capital llegado de todo el mundo. Aunque la carta se envió hace en torno a una semana, fuentes del ministerio indican que aún no ha llegado a la mesa de la ministra.

El primer contacto entre Ascri y el Ejecutivo se produjo semanas después de la moción de censura, según explicó su propio presidente, Miguel Zurita, a la prensa antes de verano. La asociación se reunió entonces con Gonzalo Palacín, portavoz de Economía del PSOE en el Congreso. Pero el nombramiento de Polo, exdirector en España de Change.org, le revela como el interlocutor ideal para conseguir cambios de calado. El fichaje de Pedro Sánchez, primero para la ejecutiva del PSOE, está muy ligado al emprendimiento en España en los últimos años y fue el fundador de la plataforma Actuable, que se fusionó en 2011 con Change.org.

En esencia, las peticiones que ha realizado el sector al Gobierno se resumen en dos temáticas: más ayudas fiscales y menos burocracia. “Se han pedido medidas para retener el talento, ventajas fiscales para las startups, reducción de las trabas administrativas y medidas para promover la unidad de mercado y que no haya diferentes legislaciones. En cuanto al venture capital, como principal inversor en startups, también se han pedido medidas para que estos fondos tengan más recursos y puedan seguir invirtiendo”, indican fuentes financieras.

En la misiva remitida al departamento pilotado por Calviño la tributación de los incentivos a empleados y directivos ha tenido un papel destacado. Generalmente, cuando un fondo de capital riesgo compra una compañía o cuando uno de venture capital acude a una ronda de financiación de una startup no lo hace con la idea de quedarse en el capital de esa compañía sine díe, sino con la esperanza de algún día desprenderse de su participación y repartir las plusvalías entre sus inversores. El fondo suele sentar a sus propios directivos en el consejo de administración y rubrica un plan de incentivos, llamado stock options, para que estos directivos se embolsen un bonus derivado de la revalorización de las acciones de la empresa. Un ejemplo reciente fue la venta de Eolia al fondo de pensiones de Alberta, donde algunos directivos de Oaktree se repartieron unos sustanciosos incentivos, según reveló este diario.

Pues bien, una de las peticiones de Ascri es una rebaja fiscal para estos incentivos. Actualmente tributan como rentas del trabajo, a las que se le aplica un IRPF de hasta el 45% por el tramo nacional, y la patronal quiere que coticen como rendimientos del capital (como intereses de los depósitos, dividendos o la venta de acciones), gravados con un tipo de entre el 19% y el 23%.
No es la primera vez que el capital riesgo pide al Gobierno mejoras fiscales. En 2018 el ministro de Hacienda por entonces, Cristóbal Montoro, permitió que estos fondos estuviesen también exentos –como las socimis o las instituciones de inversión colectiva– del pago a cuenta del impuesto de Sociedades, que les obligaba a abonar como anticipo un 23% de sus ganancias.

La Agenda del Cambio, al Consejo de Ministros

La ministra de Economía, Nadia Calviño, planea llevar mañana al Consejo de Ministros una ley ómnibus que regulará la parte más sustancial de la llamada Agenda del Cambio, según informa Europa Press. Se trata de una hoja de ruta con una batería de reformas estructurales y nuevas medidas en educación, formación profesional, I+D+i o transición ecológica para sentar las bases de un crecimiento “sostenible e incluso” a medio y largo plazo. El Gobierno pretende con estas medidas aumentar la productividad, reforzar el Estado del bienestar y fortalecer la red de protección social a través de un sistema impositivo adaptado a la nueva realidad económica. Implicará una reforma de la educación y la formación profesional, la creación de un marco más favorable a la inversión y progresar en transición energética, con nuevos pasos en materia de fiscalidad verde. Incluye medidas de apoyo a la innovación y la industria.

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